Una aeronave incautada en una causa por narcotráfico tras ser interceptada y aterrizar en un campo de la provincia de Santa Fe actualmente funciona como material de estudio para alumnos de una escuela técnica de Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza. El avión fue asignado a la Escuela Técnica Jorge Newbery para que futuros técnicos aeronáuticos puedan realizar prácticas sobre una unidad real.
La iniciativa fue impulsada por Ulises Falabella, docente salteño y técnico aeronáutico, quien contó al programa Punto Medio (Radio 2) que el proyecto surgió ante las dificultades que tienen numerosas escuelas técnicas del país para acceder a aeronaves completas y en condiciones de ser utilizadas con fines educativos.
Falabella comenzó las gestiones en Salta, donde consiguió que un Cessna incautado al narcotráfico fuera destinado a prácticas profesionalizantes. A partir de esa primera experiencia avanzó con otros decomisos y promovió un esquema para extender la iniciativa a establecimientos educativos de distintas provincias.
Uno de los antecedentes tiene una conexión directa con Rosario. Se trata del helicóptero que iba a ser utilizado en 2023 para intentar concretar la fuga de Esteban Lindor Alvarado de la cárcel federal de Ezeiza. El plan fue frustrado y la aeronave terminó posteriormente asignada a la escuela técnica de Salta donde trabaja Falabella.
“La Justicia lo asignó a la escuela para el mismo fin, para que se hagan las prácticas”, explicó el docente. El helicóptero fue trasladado por tierra desde Buenos Aires hasta Salta y desde entonces es utilizado por los estudiantes, que incluso realizaron pruebas funcionales y lograron ponerlo en marcha dentro del establecimiento.
La experiencia derivó en una mesa de trabajo con participación de la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y organismos vinculados con la actividad aeronáutica. El objetivo, según explicó Falabella, es que las escuelas técnicas —especialmente las del interior, que suelen disponer de menos equipamiento— puedan contar con aeronaves completas para la formación de sus estudiantes. Hasta el momento, aseguró, ya fueron entregados nueve aviones a instituciones de distintas provincias.
Falabella explicó que detrás del proyecto existe también una razón técnica. A diferencia de un automóvil incautado que puede ser acondicionado y destinado a una repartición pública, las aeronaves requieren documentación que permita reconstruir la trazabilidad de su mantenimiento para conservar o recuperar las condiciones legales de aeronavegabilidad.
Los aviones utilizados para el tráfico ilegal de drogas suelen carecer de esos registros y, en muchos casos, tienen matrículas extranjeras e ingresaron irregularmente al país. Eso impide conocer con certeza qué mantenimiento recibieron y si se realizaron los procedimientos exigidos por los fabricantes.
Para volver a ponerlos legalmente en vuelo sería necesario realizar una revisión integral del motor y de la estructura de la aeronave. Según Falabella, ese proceso puede resultar más costoso que comprar en el exterior un avión con toda su documentación en regla y trasladarlo al país. Por esa razón, sostuvo que destinarlos a escuelas técnicas aparece como una alternativa para aprovechar bienes que, de otro modo, pueden permanecer durante años inmovilizados.
En los establecimientos educativos, en cambio, los aviones pueden emplearse sin necesidad de volver a volar. Los estudiantes trabajan directamente sobre ellos para desmontar y montar componentes, realizar pruebas, revisar sistemas y motores, detectar fallas y practicar procedimientos similares a los que deberán afrontar una vez que ingresen al mercado laboral.
Falabella destacó que incluso los docentes pueden provocar desperfectos de manera controlada para que los alumnos aprendan a diagnosticarlos y solucionarlos. “Cuando el alumno va y lo hace él, eso no se lo olvida nunca”, aseguró el docente salteño en diálogo con Radio 2.