Durante 2025, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe inició un total de 44.859 expedientes en todo el territorio provincial, una cifra que refleja la creciente demanda de intervención del organismo ante diversas problemáticas que afectan a la ciudadanía.
Desde la institución aclararon que el número no contempla la totalidad de las acciones realizadas, ya que cada expediente suele implicar múltiples gestiones, intervenciones y articulaciones, de acuerdo con la complejidad de cada caso.
Del total de actuaciones, 36.483 correspondieron a Atención a la Ciudadanía, lo que representa cerca del 85 por ciento del total. Estas consultas fueron recepcionadas en las sedes de Rosario y Santa Fe, en oficinas descentralizadas y a través de acciones territoriales. Además, se registraron 2.607 actuaciones del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, 1.055 del Centro de Mediación y Resolución de Conflictos, 1.537 de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, 2.035 del Órgano de Revisión de Salud Mental, 385 vinculadas a temas nacionales en articulación con la Defensoría del Pueblo de la Nación y 757 expedientes de gestión interna.
Asesoramiento jurídico y defensa del consumidor, al tope de las consultas
Dentro del área de Atención a la Ciudadanía, el Asesoramiento Jurídico fue la temática con mayor cantidad de expedientes: 10.853 casos, lo que equivale a casi el 30 por ciento de las consultas. Las principales problemáticas estuvieron vinculadas a alquileres, consorcios, administración de propiedades, conflictos familiares -como separaciones, divorcios y cuota alimentaria- y cuestiones comerciales, especialmente relacionadas con refinanciación de deudas y hostigamiento por parte de cobradores.
En segundo lugar se ubicó la Defensa del Consumidor, con 8.398 expedientes, cerca del 23 por ciento del total. Se destacó el crecimiento sostenido de reclamos por estafas, además de conflictos vinculados a cuentas bancarias por descuentos no acordados, tarjetas de crédito por consumos y comisiones indebidas, incumplimientos contractuales, productos no entregados, planes de ahorro y préstamos.
Salud, servicios públicos y otras áreas sensibles
El área de Salud, Discapacidad y Ambiente registró 4.534 expedientes. En salud, los reclamos estuvieron principalmente relacionados con demoras o negativas en la cobertura de tratamientos, medicamentos, estudios y prestaciones, tanto del sistema público como de obras sociales y prepagas. En discapacidad, se atendieron dificultades en el acceso a pensiones, certificados, transporte y prestaciones previstas por ley.
Por su parte, Servicios Públicos concentró 3.049 expedientes, vinculados a cortes, deficiencias en la prestación, facturación y atención al usuario en energía eléctrica, agua, gas y transporte, además de consultas sobre subsidios.
En Seguridad Vial se intervinieron 2.421 casos, en su mayoría relacionados con infracciones, impugnaciones y quejas sobre procedimientos y sanciones. En Vivienda se iniciaron 388 expedientes y en Educación, 136, vinculados a situaciones que afectaron derechos de estudiantes y familias.
Víctimas, mediación y niñez
El Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito atendió 2.607 casos, con una fuerte concentración en el ámbito familiar (67 por ciento), seguido del comunitario (18) y el institucional (15). El organismo brinda orientación, contención y acompañamiento integral desde una perspectiva de derechos humanos.
En tanto, el Centro de Mediación y Resolución de Conflictos tramitó 1.055 expedientes, consolidándose como una herramienta clave para la resolución pacífica de conflictos comunitarios, vecinales, familiares y entre particulares.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes abordó 1.537 casos nuevos, principalmente vinculados a vulneraciones de derechos esenciales como salud, convivencia familiar, identidad e integridad física, lo que demandó un trabajo interdisciplinario de alta intensidad.
Salud mental
Finalmente, el Órgano de Revisión de Salud Mental intervino en 2.035 expedientes, de los cuales 1.470 correspondieron a personas adultas y 504 a niños, niñas y adolescentes, en el marco de la protección de derechos en el ámbito de la salud mental.