Las fiscales que investigaban la denuncia contra tres psicólogas de Rosario sindicadas por un grupo de abogados por haber realizado una serie de presuntos informes de abusos infantiles falsos para desvincular a los niños de sus padres, archivaron la causa. La resolución fue tomada por Guillermina Aiello y Bárbara Glikman, quienes desestimaron el planteo “por insuficiencia de elementos serios, precisos y verosímiles” para impulsar una causa penal.
La denuncia se conoció a comienzos de este año, cuando tuvo repercusión en los medios de comunicación, pero había sido presentada en septiembre del año pasado contra las profesionales P.B.A., G.R.S. y N.V.A., a quienes señalaban como supuestas integrantes de una presunta asociación ilícita que tiene por objeto emitir “falsos informes de menores cuyos progenitores hayan realizado denuncias por abuso, a fin de poder sostener falsas acusaciones y evitar de esta manera que el otro progenitor pueda tener contacto con sus hijos”.
Al analizar la cuestión, las fiscales indicaron: “El hecho que pueda existir una discrepancia con los contenidos de los informes presentados por las profesionales denunciadas no determina que los mismos sean falsos. El tipo subjetivo es doloso y no se ha podido acreditar con evidencia objetiva la existencia del mismo. Equiparar el disenso profesional o el diagnóstico erróneo al dolo penal vulnera el principio de legalidad, y en el supuesto caso de posible existencia de «mala praxis», ello debe sustanciarse ante el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos”.
Para Aiello y Glikman, en la investigación no se logró “recolectar evidencia alguna para sostener que las profesionales cuestionadas deliberadamente hayan distorsionado lo informado oportunamente”. “En cada uno de los informes presentados, cada profesional expresó cómo arribó a las conclusiones del mismo y la metodología empleada. En muchos de los casos dichos informes fueron refutados por otros profesionales, que tampoco afirmaron la existencia de una falacia, sino, por el contrario, criticaron el método o la interpretación de las conductas o relatos”, agregaron.
Según las medidas llevadas a cabo, para que las tres psicólogas conformaran una asociación ilícita debería existir “una coincidencia intencional, cierta permanencia en el tiempo, y el pacto de voluntades en común en relación con la organización cuya actividad principal sea la de perpetrar hechos ilícitos en forma indeterminada”.
“Ahora bien, no existe evidencia alguna que permita acreditar dicha afirmación. Compartir la visión profesional, la metodología de trabajo y el marco conceptual en una disciplina, no presupone un pacto criminal con la intencionalidad de perjudicar a terceros (progenitores de niños/as). Ello ha quedado evidenciado en muchas de las causas penales donde presentaron informes las profesionales denunciadas, y fueron refutadas por otras profesionales de su misma disciplina”, concluyeron.
Por último, para las fiscales, “es absolutamente infundado” que, por el cobro de honorarios profesionales por el tratamiento psicológico de un niño o niña, las psicólogas hayan incurrido en la introducción de “falsedades en los informes” o hayan realizado “falsas denuncias”.