Este miércoles, Argentina se unió a Estados Unidos e Israel para rechazar una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que define a la esclavitud africana como el "crimen más grave contra la humanidad".
El país liderado por Javier Milei fue uno de los únicos tres votos negativos en una sesión donde la iniciativa, propuesta originalmente por Ghana, obtuvo un amplio respaldo internacional.
La propuesta recibió 123 votos a favor de los Estados miembros y contó con 52 abstenciones, entre las que se encontraron naciones europeas como España, Francia, Alemania, Países Bajos y el Reino Unido. El documento aprobado describe "la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada" como un crimen de magnitud sistémica y brutalidad extrema, cuyas consecuencias perduran hasta la actualidad a través de regímenes de trabajo y capital condicionados por el racismo.
El representante de Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de la ONU, Dan Negrea, fundamentó el voto en contra argumentando que el texto resulta "problemático en innumerables aspectos".
Entre sus principales objeciones, señaló que Washington no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran considerados ilegales por el derecho internacional en el momento en que ocurrieron. Además, la delegación estadounidense criticó que la resolución promueve agendas específicas y la creación de informes que calificaron como "costosos".
Esta postura ratifica la tendencia de la gestión de Javier Milei, quien desde su asunción buscó que las votaciones de Argentina en los organismos internacionales se mantengan en sintonía directa con la posición de Washington.
Por otro lado, figuras clave de la ONU expresaron una visión opuesta a la de los países disidentes. El secretario general, António Guterres, calificó la trata de esclavos como una "maquinaria de explotación masiva" y una "traición profunda a la dignidad humana".
En la misma línea, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, sostuvo que este comercio constituyó una de las violaciones de derechos humanos más graves de la historia, atentando contra los principios de la Carta de las Naciones Unidas.