El Gobierno nacional cruzó las denuncias del Ejecutivo de Tierra del Fuego por el amarre del petrolero de bandera británica "VS Promise" en la terminal de Ushuaia. En su habitual conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier desestimó los reclamos provinciales, negó que existan irregularidades operativas y responsabilizó a la propia administración fueguina por el ingreso del navío.
El funcionario sostuvo de forma categórica que la presencia de la embarcación en aguas fueguinas no representa un riesgo en términos de soberanía sobre las Islas Malvinas. Según explicó el portavoz, el buque ingresó a la terminal marítima únicamente para tareas logísticas y de reabastecimiento tras haber cumplido funciones en el continente.
"Pasó por Ushuaia para aprovisionarse. No se violó ninguna ley porque la embarcación venía de trabajar en Argentina y no en la cuenca Malvinas", remarcó el funcionario para desmarcar la operación del conflicto de soberanía con el Reino Unido.
El señalamiento a la gestión provincial
Asimismo, el vocero presidencial rechazó las críticas del gobernador Melella al precisar que el amarre debió contar con la venia técnica y administrativa de los propios organismos locales. Ravier afirmó que fue el propio gobierno fueguino el que avaló la maniobra al sostener que la monoboya por la cual operó la embarcación se encuentra bajo jurisdicción provincial, a pesar de la intervención que pesa sobre la administración general del puerto.
La polémica se desató este lunes tras confirmarse el amarre del petrolero de bandera británica "VS Promise" en el puerto de Ushuaia. La presencia de la embarcación provocó un enérgico rechazo del Ejecutivo de Tierra del Fuego, que denunció que la maniobra vulnera la legislación provincial vigente.
Dicha normativa prohíbe de forma explícita la permanencia, el abastecimiento y el amarre de navíos con insignia del Reino Unido en puertos fueguinos, como parte del histórico reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
En su descargo, las autoridades provinciales tildaron de "inadmisible" la operación del buque mientras persista la ocupación ilegítima del archipiélago y exigieron explicaciones públicas al Gobierno nacional.
Asimismo, la administración fueguina remarcó que la responsabilidad sobre la autorización recae en la Casa Rosada, debido a que la terminal marítima de Ushuaia se encuentra intervenida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) desde enero pasado.