A más de tres meses del femicidio de Agostina Vega, su padre, Gabriel Vega, presentó este martes en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley destinado a fortalecer la prevención, detección y respuesta del Estado frente a situaciones de violencia y abuso que afecten a niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, denominada “Sistema Integral Agostina”, se expuso este martes 1 de septiembre a las 11.30 en la Legislatura cordobesa.
El proyecto plantea un esquema de intervención estatal rápida, con el objetivo de detectar señales de riesgo y actuar antes de que el daño resulte irreversible.
La propuesta contempla ocho ejes principales, aunque el sistema integral también incorpora otras medidas vinculadas con el ámbito educativo, judicial, deportivo y sanitario.
Los ocho ejes principales del proyecto
El primer punto establece la creación del Sistema Integral Agostina, un mecanismo provincial de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niños, niñas y adolescentes.
También se propone un sistema de Alerta y Detección Temprana, que permitirá activar la evaluación y la intervención de los organismos correspondientes cuando existan indicadores serios y objetivos de vulneración de derechos.
Otro de los ejes es el Derecho a Pedir Ayuda, que reconoce la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes puedan comunicar situaciones de riesgo propias o de terceros, solicitar asistencia y ser escuchados de acuerdo con su autonomía progresiva.
El proyecto contempla además la creación de la Línea Agostina 24/7, un canal gratuito, confidencial y permanente que funcionaría mediante teléfono, mensajería, aplicación, página web, chat y otros medios de comunicación. La intención es establecer una vía de acceso sencilla al sistema de protección.
A esto se suma el Programa Agostina en Escuelas, destinado a brindar formación preventiva sobre grooming, abuso, trata, consumos, violencia, salud mental, autolesiones, riesgo suicida, seguridad digital y herramientas de autoprotección. El objetivo será que los estudiantes puedan reconocer situaciones de riesgo y sepan dónde y cómo pedir ayuda.
Los Gabinetes Agostina constituirán equipos interdisciplinarios destinados a la escucha, orientación, primera evaluación, acompañamiento y derivación. De esta manera, se busca acercar asistencia profesional y facilitar la conexión de cada niño, niña o adolescente con el organismo correspondiente.
Otro eje será el Protocolo de Alerta y Búsqueda, que establece una actuación inmediata frente a la desaparición de menores, sin necesidad de esperar una determinada cantidad de horas. La propuesta apunta a coordinar rápidamente a los distintos organismos involucrados.
Por último, se plantea la creación de un Registro de Restricciones Judiciales, de carácter provincial, que reunirá las restricciones de contacto con niños, niñas y adolescentes. El acceso será restringido y deberá contemplar mecanismos de protección de datos, con el objetivo de que las autoridades habilitadas puedan conocer las medidas de protección vigentes.
Educación, clubes y situaciones de riesgo
El proyecto también contempla mecanismos específicos de detección en establecimientos educativos. Entre ellos se incluyen protocolos frente al ausentismo, cambios de conducta, situaciones de violencia, abuso, grooming, autolesiones y consumos.
En relación con los consumos problemáticos, la iniciativa propone evaluaciones interdisciplinarias orientadas a prevenir riesgos y brindar respuestas sin estigmatizar a los niños, niñas y adolescentes.
En los procesos de familia se prevé la comunicación judicial de indicadores de riesgo y de las medidas de protección adoptadas. Además, la propuesta incorpora medidas de prevención y protección en clubes y entidades deportivas que trabajen con menores, incluyendo protocolos y la designación de un referente institucional.
El sistema también contempla mecanismos de evaluación y seguimiento, mediante estadísticas anonimizadas que permitan medir los resultados, detectar dificultades y realizar mejoras.
Otro de los aspectos centrales será la coordinación entre distintos organismos estatales, con articulación entre la SENAF, Educación, Salud, Justicia, el Ministerio Público Fiscal, municipios y otras áreas que intervengan en la protección de niños, niñas y adolescentes.
La implementación será progresiva y buscará aprovechar los recursos existentes, evitando duplicaciones innecesarias. Además, el proyecto plantea una articulación con la Ley Lucio, que fortalece las herramientas de detección, mientras que la denominada Ley Agostina apunta a organizar la respuesta estatal posterior ante las alertas.
La causa por el femicidio de Agostina tiene seis detenidos
Mientras Gabriel Vega impulsa esta iniciativa, la investigación por el femicidio de su hija continúa con seis personas detenidas.
Claudio Barrelier está imputado como presunto autor de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género.
En tanto, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están acusados por presunto encubrimiento agravado.
Días atrás, el Juzgado de Control ratificó las prisiones preventivas de Fassetta, Andreani y Palmero. La situación procesal de algunos de los imputados continúa bajo análisis del fiscal Garzón.
Además, la querellante Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega, anticipó que solicitará ampliar la imputación contra Marianela Palmero, pareja de Barrelier, para que sea investigada como presunta partícipe y no únicamente en calidad de encubridora.
Según la investigación, entre la noche del 23 de mayo y la madrugada siguiente, Barrelier habría llevado engañada a Agostina hasta una vivienda ubicada en barrio Cofico, donde habrían ocurrido los hechos. Luego, los restos de la adolescente fueron encontrados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
La presentación del proyecto en la Legislatura cordobesa busca transformar el caso de Agostina en una propuesta de alcance provincial, con herramientas destinadas a mejorar la detección de situaciones de riesgo y acelerar la intervención de los organismos estatales encargados de proteger a niños, niñas y adolescentes.