“Hace cincuenta años que lo busco”, dijo Silvia Jáuregui, con los ojos cerrados y los puños apretados contra el pecho, el único lugar de su cuerpo que estuvo en contacto con su hijo recién nacido antes de que se lo arrebataran hasta el día de hoy. Con su relato, cargado de un agobio de medio siglo, sumó un capítulo más a una historia oscura que, más se tira del ovillo, más inquietante se pone: la de la partera Dolly Viale de Garrido y su hermana Silvia.
Estas dos mujeres tendrían en sus manos decenas de apropiaciones ilegales de bebés durante, al menos, tres décadas diferentes: 60, 70 y 80. Y a partir de la primera denuncia en su contra y de la difusión mediática del caso, se configuraron dos universos diferentes que buscan encontrarse: personas que llegan a los 50 o 60 años sin saber quiénes son sus padres biológicos y madres que llevan ese mismo tiempo preguntándose qué ocurrió con el hijo que tuvieron en una sala de partos y al que nunca pudieron volver a abrazar.
Durante décadas, esas búsquedas transcurrieron por caminos separados. Unos crecieron con una identidad que después descubrieron falsa, como Eduardo Saigó, por citar un caso de tantos. Otras intentaron continuar sus vidas con la versión de que sus bebés habían muerto al nacer, aunque conservaron dudas sobre lo que realmente había ocurrido, como Ramona y Antonio, los denunciantes de esta última semana.
La investigación que lleva a cabo la justicia federal no sólo está haciendo visibles esas historias: por un lado, está animando a que otras víctimas alcen sus voces por primera vez; por otro, plantea la posibilidad de que algunas de las madres que buscan a sus hijos y algunos de los hijos que buscan a sus madres estén tratando de encontrarse sin saberlo; pero además, obliga a los investigadores a hacer más amplio el zoom, porque parece imposible que estos dos monstruos hayan actuado solas durante tanto tiempo. ¿Quién las ayudó? ¿Quién las encubrió? Solo dos de las preguntas que surgen mientras se tira del hilo.
Los hijos que descubrieron que habían sido comprados
Eduardo Saigó tiene 56 años. Durante buena parte de su vida creyó conocer su historia familiar, hasta que cuando cumplió 35 su madre de crianza le dio, como él mismo lo describió, una patada en el pecho: no sólo le confesó que no había llegado a la familia mediante una adopción legal, sino que le dijo que habían pagado por él. Y que era Silvia Viale la persona con la que había acordado la entrega y el pago.
La noticia alteró profundamente la manera en que entendía su propia vida. No solamente había descubierto que las personas que lo criaron no eran sus padres biológicos, sino que su llegada a esa familia había sido parte de una transacción económica: “Te sentís una mercancía”, explicó durante la conversación.
La frase permite asomarse a la verdadera dimensión del daño que causaron estas mujeres con su perversión: porque Eduardo no está buscando únicamente un dato sobre su nacimiento; quiere saber de dónde viene, quién fue la mujer que lo tuvo y en qué circunstancias se produjo la separación.
Incluso contó que llegó a reunirse con Silvia Viale en un bar de la ciudad: llevó su partida de nacimiento y le pidió explicaciones, pero como era de esperar ella negó recordar el caso y afirmó, suelta de cuerpo, que por su trabajo en obstetricia muchas veces firmaba certificados correspondientes a partos en los que no había intervenido. Y se fue dándole una palmada en la espalda.
Eduardo dejó de buscar durante un tiempo. Intentó concentrarse en la familia que había formado junto a su esposa y sus dos hijos. Hasta que la repercusión pública de las nuevas denuncias hizo que retomara la búsqueda y se presentara ante la Justicia. “Necesito el abrazo de mi mamá”, dijo desde lo más hondo de su ser.
Quien abrió la puerta para que entren todos los demás denunciantes fue Roberto Fargioni. Enterado a sus 36 años de que no tenía vínculo biológico con sus padres, les arrancó la confesión de que habían recurrido a una partera para conseguir un bebé varón: “Le habíamos pedido un chico rubio”, contó que le dijeron. Por su valentía de recurrir a la justicia para acusar a Dolly, el juez federal Carlos Vera Barros la procesó por supresión y alteración de identidad y falsedad ideológica de documento público, mientras se avanza en la búsqueda de información para que Silvia corra con la misma suerte.
Las madres a las que les dijeron que sus hijos habían muerto
Pero en las últimas semanas, hicieron su entrada en escena los habitantes del otro polo: padres y madres que sospechan o tienen la certeza de que sus hijos no nacieron muertos, como les quisieron hacer creer; o que directamente denuncian que Dolly y Silvia se los arrancaron de sus manos.
Ramona y Antonio tenían 17 años cuando nació su hijo, en 1976. Según contaron a Telenoche Rosario, durante el embarazo Ramona había sido atendida por Dolly Viale. Posteriormente fue trasladada al Sanatorio Modelo, donde le practicaron una cesárea.
La mujer relató que los médicos, tras persuadir a su marido de que se fuera a su casa (Antonio recuerda que fue un doctor), le indujeron el parto y luego le aseguraron que el bebé había nacido con una deformidad. Después de insistir con poder tocarlo, consiguió tenerlo brevemente en brazos, pero se lo retiraron al instante. Y más tarde, le informaron que había muerto.
Ramona nunca terminó de aceptar aquella explicación. Su desconfianza se mantuvo latente durante décadas y salió con la fuerza de un grito cuando vio en televisión imágenes de la partera que la había atendido. Su testimonio contiene una aclaración muy importante para el rumbo de la investigación: “Yo no lo regalé. Yo no vendí mi hijo. A mí me lo sacaron”.
Hasta ahora, una de las grandes preguntas de la Fiscalía era cómo habían llegado los bebés a manos de las personas que luego los entregaban a otras familias. La posibilidad de que algunas madres hubieran consentido una entrega y la hipótesis de que otras fueran engañadas o directamente despojadas de sus hijos son situaciones diferentes, que requieren pruebas específicas. El relato de Ramona plantea expresamente la segunda posibilidad.
Una tercera dimensión: la denuncia de Silvia Jáuregui
El testimonio más reciente incorpora una dimensión especialmente compleja. Silvia Jáuregui, oriunda de Zavalla, tenía 18 años cuando fue secuestrada en Rosario, el 23 de julio de 1976, en plena dictadura. Estaba embarazada y, según relató esta semana en Punto Medio, fue interceptada en la calle por hombres que se desplazaban en automóviles mientras caminaba junto a sus compañeras de estudio hacia una entrevista laboral.
La obligaron a subir a uno de los vehículos, la hicieron acostarse en el asiento y le colocaron una capucha. La trasladaron a una vivienda y allí permaneció cautiva, atada a una cama, durante cuatro días. Silvia aseguró que el 27 de julio dio a luz a un varón y que las personas que asistieron el parto fueron Dolly y Silvia Viale, a quienes conocía de los controles realizados durante su embarazo: de hecho, Silvia tenía consultorio una vez por semana en el pueblo del que ella venía.
Según narró en Radio 2, sólo le desataron un brazo y una pierna para que pudiera parir. Buscando en la bruma de la memoria, hurgando en el horror, recordó que una de las parteras se lo acercó y le dijo que había tenido un varón hermoso. Después se lo llevaron con la promesa de que se lo devolverían cuando terminaran de atenderlo. Pero nunca volvió a verlo.
Silvia confesó entre lágrimas que sufrió golpes y maltratos durante el cautiverio y que finalmente logró escapar de la vivienda junto a otra mujer que, aparentemente, también había atravesado el mismo calvario. Allí dejó la frase con la que comenzó esta crónica: “Hace 50 años que lo busco”.
Esta denuncia abre interrogantes que exceden los mecanismos de inscripción falsa y entrega de recién nacidos investigados hasta ahora. Porque Silvia sostiene que fue privada de su libertad durante la última dictadura militar y sospecha que sus captores podrían haber pertenecido a un grupo vinculado con las fuerzas represivas. No pudo identificarlos, y la eventual conexión entre su secuestro, las parteras y el aparato represivo deberá ser investigada.
El hecho de que el episodio haya ocurrido en 1976 no alcanza, por sí solo, para demostrar esa relación. Pero su relato obliga a examinar una posible línea de investigación que hasta ahora no ocupaba el centro de la causa: la existencia de mujeres embarazadas retenidas contra su voluntad, secuestradas por grupos de tareas y separadas de sus hijos después de dar a luz.
Una trama que obliga a investigar a otras personas
A medida que se acumulan los testimonios, la investigación avanza hacia la necesidad de reconstruir algo que va más allá del protagonismo de Dolly y Silvia Viale. Porque para que un recién nacido fuera separado de su madre, entregado a otra familia e inscripto con una filiación falsa, debían producirse distintos hechos que no pueden haber sido accionados sólo por las hermanas.
Había que intervenir en el nacimiento, disponer del bebé, confeccionar o utilizar documentación y concretar la entrega. Los relatos conocidos mencionan hospitales públicos, sanatorios privados, consultorios y viviendas particulares. También aparecen médicos que comunicaron supuestos fallecimientos, profesionales que atendieron partos, personas que trasladaron recién nacidos, doctores que persuadieron a maridos para que se fueran de los hospitales y familias que pagaron por recibirlos.
Es difícil afirmar que todos participaron conscientemente de una organización delictiva. Por lo que la investigación tiene delante de sí la monumental tarea de establecer qué hizo cada uno, qué sabía y si existieron acuerdos para concretar las maniobras denunciadas, con dificultades deliberadas como pactos de silencio o el mero paso del tiempo: todos hechos que ocurrieron hace casi cincuenta años. La decisión judicial de descartar la prescripción le abre paso a la esperanza. Fuente de vida de personas que se buscan desde hace décadas y que acaso estén, por primera vez, un poco más cerca de encontrarse.