El Gobierno de Santa Fe informó una fuerte reducción del robo de cables y metales en Rosario como resultado de un plan integral de control y fiscalización sobre desarmaderos, chatarrerías y comercios vinculados a la compra y venta de metales. Según datos oficiales, en la ciudad el robo de cables cayó un 93 % entre 2024 y 2025, mientras que el robo de metales se redujo un 86 % en el mismo período.
La estrategia se aplica desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y apunta a desarticular los circuitos ilegales que sostienen este tipo de delitos, que afectan de manera directa el funcionamiento de servicios esenciales y la seguridad en los barrios. El esquema incluye controles permanentes, clausuras de locales irregulares, exigencias de trazabilidad del material comercializado y coordinación con fiscalías y fuerzas de seguridad.
Desde la Provincia señalaron que, en Rosario, los operativos permitieron cerrar puntos de reventa ilegal y compradores mayoristas que funcionaban como eslabón clave del negocio. Como consecuencia, se logró recuperar infraestructura eléctrica y de servicios que había quedado fuera de funcionamiento por hechos de vandalismo y sustracción de materiales.
En la ciudad de Santa Fe, los indicadores también muestran una baja significativa, aunque menor que en Rosario: el robo de cables descendió un 83 % y el de metales un 80 %, de acuerdo al relevamiento oficial.
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo que los resultados responden a “una política sostenida de control y fiscalización” y remarcó que no se trata de acciones aisladas. “Hay decisiones firmes, controles inteligentes y una articulación permanente con el territorio y los gobiernos locales para combatir la economía ilegal”, afirmó.
En la misma línea, el director provincial de Desarmaderos, Gerardo Rodríguez, indicó que el impacto del plan también se reflejó en una disminución de los llamados al 911 por cortes de servicios esenciales, especialmente en zonas urbanas. Además, aseguró que empresas y organismos afectados —como la EPE, ASSA, compañías de telefonía y cooperativas— reportaron menos incidentes vinculados al robo y vandalismo de metales.
Rodríguez explicó que al inicio de la gestión había 38 desarmaderos registrados en la provincia y que, tras dos años de controles e inspecciones, se sumaron 51 establecimientos al sistema formal. “Eso fortalece el registro provincial y reduce los márgenes de informalidad que alimentan el mercado ilegal”, señaló.
En ese contexto, el Gobierno provincial informó que en los últimos dos años se incautaron más de 2.000 toneladas de materiales durante operativos realizados en chatarrerías y desarmaderos. También recordó que quienes quieran regularizar su situación o denunciar locales irregulares pueden comunicarse al correo desarmaderos@santafe.gov.ar
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