La Legislatura del Chubut aprobó por amplia mayoría, en la sesión del jueves, la ley que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de ciudadanos privados de la libertad en los establecimientos penitenciarios de la provincia.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Ignacio Torres, que armoniza con la ley nacional vigente, tiene como objetivo proteger la seguridad pública y prevenir los delitos, como estafas y extorsiones, que se cometen desde las cárceles.
En una sesión que fue presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, la ley fue aprobada con los votos de los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense. En el bloque Primero Chubut-CET, la diputada Tatiana Goic votó en contra mientras que su par Mariela Williams sí acompañó. El diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, también votó en contra.
La ley prohíbe el uso de celulares en todos los establecimientos penitenciarios de Chubut, y, al mismo tiempo, introduce un régimen de comunicaciones controladas que garantizan el derecho a la comunicación respetando los derechos humanos.
La diputada María Andrea Aguilera (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, al presentar el proyecto, dejó en claro: “No podemos permitir que cualquier persona privada de libertad continúe cometiendo delitos. Una cárcel no puede ser un centro de operaciones clandestinas. Tiene que ser un lugar protegido por el Estado y del cual no se pueden continuar cometiendo delitos”.
“No podemos permitir que en esta visión distorsionada de los derechos humanos lleguemos a desproteger a las víctimas. El Estado tiene que estar para brindar seguridad y brindarles el derecho a la comunicación a quienes están privados de libertad, pero también para proteger a las víctimas de delitos”, remarcó.
A su vez, expuso que esta ley viene a resguardar a los chubutenses de las redes delictivas que operan desde las cárceles. “Hay un sinnúmero de casos de personas que no están protegidas, precisamente, por toda esta red delictiva que está acechando a los ciudadanos desde los centros de detención. Y a esto tenemos que ponerle un límite”, determinó.