La Unidad Fiscal Especial en Siniestros Viales y Delitos Culposos tiene cinco fiscales –Valeria Piazza Iglesias, Walter Jurado, Mariana Prunotto, Mariela Oliva y Matías Edery–, con sus respectivos empleados. Son los encargados de ordenar medidas a la Policía y de investigar si efectivamente se trató de un suicidio o si hubo intervención de un tercero. Eventualmente, si la persona se quitó la vida, también establecer si recibió una posible ayuda o instigación.
Los números hablan por sí solos: el año pasado en la provincia hubo 448 casos, según informó la fiscal general María Cecilia Vranicich en su informe de gestión. La mayoría de los casos ocurrieron en la segunda circunscripción, que comprende al departamento Rosario, según afirmaron desde el Ministerio Público de la Acusación a este medio.
Rosario3 pudo constatar que una fiscal de esa unidad, en un solo turno, que consta de siete días, tuvo que intervenir en diez suicidios y en ocho tentativas a comienzos de abril. Las edades variables, tanto como los posibles motivos.
“La gente, generalmente, busca una respuesta del porqué en nosotros, en la investigación. Y la mayoría no avisa”, afirmó una experimentada investigadora del Ministerio Público de la Acusación.
Cada caso es investigado con las mismas medidas que un asesinato, justamente, para descartar esa posibilidad. El fiscal de turno convoca al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones para la realización de pericias y envía el cuerpo al Instituto Médico Legal de Rosario para hacer la correspondiente autopsia.
Si es una mujer y su pareja estuvo en la escena, el protocolo a seguir es el de femicidio. Eso es porque existen antecedentes que demuestran que un femicida puede adulterar una escena para confundir a los peritos, que pueden incurrir en una lectura errónea de lo ocurrido. También porque el deceso pudo darse en un contexto de violencia de género.
En la tarde del 17 de abril pasado, Sophia Civarelli (22) fue asesinada de una puñalada en el cuello en 3 de Febrero al 2400 por su novio Valentín Alcida (22), quien limpió parte del interior del departamento y colocó el cuchillo en la mano de la víctima para luego dejar una nota en la que escribió que ella se había quitado la vida y él “no había podido salvarla”. Alcida, varias horas después, se suicidó desde el departamento de una amiga, en 3 de Febrero al 1100.
Otro caso cercano en el tiempo es el de Noelia Elizabeth García (29), cuyo cuerpo fue hallado el 23 de octubre de 2018 en su casa de Juan B. Justo al 5800. En un primer momento, los investigadores policiales interpretaron que ella se había quitado la vida con un cable de ventilador. A pesar de que la escena daba a entender eso, la causa, impulsada por la fiscal Valeria Piazza Iglesias y luego por Gastón Ávila, mostró que había sido un femicidio perpetrado por su expareja Gerardo Ariel Nievas (36), quien fue condenado a prisión perpetua en junio de 2022. Un testimonio de una hija de ambos, de 10 años en ese entonces, fue clave para comprender la mecánica del ataque que presenció.
El mismo protocolo se sigue en los intentos de suicidio con armas de fuego en los que están involucradas mujeres, niños y fuerzas de seguridad, o en las muertes en custodia –por ejemplo, de un preso que se quita la vida dentro de una cárcel o comisaría–. El fiscal de turno también solicita historias clínicas —si es que hay—, pericial odontológica, secuestro de celulares, entrevistas al entorno, oficios al Teléfono Verde, a la Secretaría de Género y a juzgados de Familia en busca de antecedentes de violencia de género. En los casos de nenes o adolescentes, se da intervención a la Secretaría de Niñez.
En las muertes en custodia se aplica la autopsia bajo el protocolo de Minnesota, que establece una mayor cantidad de muestras para determinar si hubo responsabilidad estatal en el deceso. En aquellas causas donde se determina que se trató de un homicidio doloso, el legajo es girado de inmediato a la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.