El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido recibió una nueva condena judicial. El Tribunal Oral Federal Nº 2 lo sentenció a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la contratación de la constructora brasileña Odebrecht para obras de ampliación de gasoductos.
La decisión fue tomada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, quienes consideraron a De Vido partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La condena alcanza también a otros dos exfuncionarios. El ex secretario de Energía Daniel Cameron fue sentenciado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, mientras que el ex subsecretario de Combustibles Cristian Folgar recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso y la misma sanción de inhabilitación.
En cambio, el tribunal absolvió al ex vicepresidente de Cammesa, Luis Beuret, y al ex subgerente de la compañía Julio Armando Bragulat.
Además de las penas impuestas, los condenados deberán fijar residencia y permanecer bajo supervisión de un Patronato durante el tiempo que dure la condena. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 4 de septiembre.
Las últimas palabras antes de la sentencia
Antes de escuchar el veredicto, De Vido agradeció al tribunal por las facilidades otorgadas para seguir el proceso luego de un problema cardíaco sufrido semanas atrás y destacó el trabajo de sus abogados durante el juicio.
Por su parte, Folgar cuestionó la extensión de los tiempos judiciales y sostuvo que el paso de dos décadas desde los hechos investigados afectó la posibilidad de producir pruebas y contar con testimonios precisos.
“Estamos en 2026 juzgando hechos de 2006. El paso del tiempo nos aleja de la idea de un juicio justo”, afirmó el exfuncionario, quien también remarcó que varios testigos ya no recordaban detalles de los hechos y que otros habían fallecido antes de declarar.
La causa se desprende de las investigaciones por presuntos sobornos y sobreprecios vinculados a obras de infraestructura energética. En este expediente se analizó el supuesto direccionamiento de las licitaciones para la segunda ampliación de los gasoductos operados por Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) entre 2006 y 2008.
Durante los alegatos, los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz sostuvieron que los exfuncionarios impulsaron un marco normativo diseñado para favorecer a Odebrecht, al que definieron como “un auténtico traje a medida”.
Por ese motivo habían solicitado penas de cuatro años de prisión para De Vido y Cameron, mientras que las defensas argumentaron que las decisiones adoptadas respondían a la emergencia energética que atravesaba el país y reclamaron la absolución de todos los acusados.