Horas antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciara modificaciones a las leyes de Discapacidad y de Educación Superior para otorgar asistencia "solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado para hacer solo clientelismo", la Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe (Apridis), reiteró su denuncia sobre un escenario trágico para las personas con discapacidades y quienes trabajan en este campo.
La falta de pago por parte del gobierno nacional a los prestadores de servicios para personas con discapacidad ha generado un escenario crítico en la provincia de Santa Fe y, de manera particular, en Rosario. En diálogo con Cada Día (El Tres), la presidenta de la Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe (Apridis), Mariel Chapero, denunció que las deudas oficiales acumulan cinco meses, lo que provocó el cierre de establecimientos, la falta de cobro de los salarios de los trabajadores y la realización de paros inéditos en el sector para exigir respuestas.
El reclamo principal radica en la falta de cumplimiento de la ley nacional que rige la actividad y la interrupción de la cadena de pagos. "La Justicia ha indicado que se tiene que implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, la ley no se implementa", señaló Chapero, y precisó que los prestadores padecen un 50 por ciento de retraso en los aranceles. Además, detalló que el Pami no abonó las prestaciones de febrero, lo que generó un bache financiero, mientras que los pagos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación estuvieron suspendidos desde finales del año pasado y recién en los últimos días comenzaron a liberarse algunos fondos insuficientes.
Cierres en Rosario y la región
El ahogo financiero impactó de lleno en la continuidad de los tratamientos y en el sostenimiento de los espacios. Según detalló la titular de Apridis, "en la ciudad de Rosario, a fin de año cerraron varias instituciones, específicamente tres". Este duro panorama también se replicó en otras localidades santafesinas durante el mes de diciembre. El riesgo actual es que durante abril otros centros deban cerrar sus puertas definitivamente de no aplicarse la normativa de emergencia.
La situación empuja a un retroceso histórico en materia de salud y derechos. Chapero advirtió que sin estos espacios en funcionamiento, se vuelve a épocas pasadas donde las personas con discapacidad quedaban recluidas en sus casas, perdiendo el acceso a la educación y a las terapias de rehabilitación necesarias para preservar su calidad de vida. A esto se suma la angustia de los trabajadores que sostienen los hogares de residencia y que no perciben sus haberes desde enero.
Medidas de fuerza sin precedentes
Ante un escenario que catalogan como terminal, los prestadores decidieron avanzar con ceses de actividades a nivel federal, una decisión excepcional para un área que brinda asistencia esencial. Las instituciones paralizaron sus servicios por 24 horas durante una semana y extendieron la protesta a 48 horas a la semana siguiente.
"Es una medida que no tiene precedentes, porque no tiene precedentes la situación crítica y agónica que estamos transitando", lamentó la referente provincial. Finalmente, apuntó contra las políticas de ajuste de la gestión central y sentenció: "La responsabilidad está en otro lado y es en el gobierno nacional que no toma las resoluciones y que el costo del déficit fiscal, bueno, lo pagan las personas con discapacidad, los jubilados, las universidades".