La prohibición de los cuidacoches en Rosario fue el principal tema de debate en la comisión de Obras Públicas este martes en el Concejo Municipal y aparecieron diferencias entre el oficialismo, que pretende acelerar el tratamiento del proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin, y sectores de la oposición, que reclaman más tiempo para analizar la iniciativa. Luego de la exposición de los ediles presentes no hubo acuerdo para avanzar esta misma semana con una reunión conjunta de las comisiones involucradas.
El proyecto del Ejecutivo propone adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los cuidacoches sin autorización y establecer un régimen de sanciones municipales. Sin embargo, los primeros intercambios entre los concejales dejaron en evidencia distintas posturas sobre los tiempos legislativos y las condiciones necesarias para avanzar con su aprobación.
Los bloques Peronista y Ciudad Futura consideraron “inoportuna” la intención del oficialismo, agrupado en el interbloque Unidos por Rosario, de convocar esta semana a una reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Los representantes de esos espacios argumentaron que el Concejo tiene en tratamiento otros proyectos relevantes, entre ellos la regulación de las aplicaciones de transporte de pasajeros. Además, señalaron que la ley provincial todavía no fue reglamentada, una cuestión que consideran necesaria para definir las condiciones de su aplicación.
Desde La Libertad Avanza, en cambio, cuestionaron las demoras que tuvo el tratamiento del tema y responsabilizaron al propio oficialismo por haber postergado la discusión mediante la realización de mesas de trabajo sobre cuidacoches mientras se esperaba la sanción de la legislación provincial.
Por su parte, los concejales de Unidos por Rosario defendieron la posibilidad de comenzar a discutir la iniciativa municipal sin necesidad de aguardar esa reglamentación. Sostuvieron que el proyecto contiene numerosos aspectos que requieren análisis y que, por ese motivo, resulta conveniente avanzar cuanto antes con su tratamiento.
Ante la falta de consenso, la presidenta de la comisión de Obras Públicas, Sabrina Prence, propuso trasladar la discusión sobre la convocatoria a una reunión conjunta al ámbito de Labor Parlamentaria, donde se coordina la actividad legislativa. La concejala anticipó que el proyecto “va a llevar mucho tiempo de discusión”.
La discusión se produce en medio de la presión del Ejecutivo municipal para conseguir la aprobación de la ordenanza antes de fin de año. La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, manifestó su intención de acelerar el tratamiento una vez ingresado el mensaje de la Intendencia, mientras que Javkin reclamó públicamente que los concejales destraben tanto la regulación de los cuidacoches como la de las aplicaciones de viajes. El intendente cuestionó las demoras legislativas y las atribuyó a “mezquindades políticas”.
Qué establece el proyecto
La iniciativa enviada por Javkin al Palacio Vasallo el 15 de octubre propone que Rosario adhiera a la ley provincial 14.486, sancionada en septiembre, y prohíba el ofrecimiento de espacios para estacionar en la vía pública, así como las tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de una retribución económica, incluso cuando el pago sea voluntario. No obstante, el texto faculta al Ejecutivo a establecer excepciones en determinados sectores de la ciudad y bajo condiciones específicas.
El proyecto también modifica el Código de Convivencia Ciudadana. Para quienes desarrollen la actividad sin autorización establece entre 15 y 80 horas de tareas educativas y concientizadoras, mientras que las conductas agravadas, como amenazas, violencia o presencia en determinadas zonas y horarios, podrán recibir multas de entre 10 y 200 unidades fijas, además de mayores cargas educativas. Para los organizadores o coordinadores se prevén sanciones económicas de entre 20 y 400 unidades fijas. También se contempla el decomiso de elementos utilizados en la actividad.
Por último, la propuesta incorpora medidas de inclusión social y reconversión laboral destinadas a las personas alcanzadas por la prohibición. Entre ellas figuran capacitaciones en oficios, acceso a programas de empleo, acompañamiento a emprendimientos productivos, terminalidad educativa y atención de problemas de salud mental y consumos problemáticos. Estas acciones deberán desarrollarse mediante la coordinación entre el municipio y el gobierno provincial.