En medio del debate legislativo sobre el proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en toda la provincia de Santa Fe, la Iglesia católica volvió a plantear sus reparos a una prohibición generalizada y pidió diferenciar entre quienes realizan la actividad como medio de subsistencia y aquellos que integran estructuras delictivas vinculadas a extorsiones y amenazas.
La postura fue presentada este miércoles ante legisladores provinciales por la Pastoral Social de Rosario, que además hizo llegar una carta firmada por el arzobispo Eduardo Martín. Allí se expresó preocupación por las consecuencias que podría tener una prohibición absoluta sobre personas que hoy encuentran en esa actividad una fuente de ingresos en un contexto de fuerte precariedad laboral.
"Este no es tanto un debate sobre trapitos sí o no. Es un debate sobre cómo el Estado distingue, cómo regula y cómo responde frente a la vulnerabilidad", señalaron los representantes de la Pastoral Social durante su exposición ante los legisladores santafesinos.
Uno de los ejes centrales del planteo fue la necesidad de diferenciar situaciones que, según sostienen, tienen naturalezas completamente distintas. Por un lado, mencionaron a quienes ofrecen de manera voluntaria servicios de cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de una contribución económica. Por otro, señalaron los casos donde existen amenazas, extorsiones, daños o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.
"Frente a la violencia, la extorsión o el abuso, la respuesta del legislador debe ser firme", indicaron. Sin embargo, advirtieron que el foco de las sanciones debería estar puesto en las organizaciones que operan detrás de algunas actividades informales y no sobre quienes buscan subsistir de manera individual.
En el documento entregado a los diputados, la Pastoral sostuvo que las conductas delictivas ya se encuentran contempladas en la legislación vigente y cuestionó que una prohibición total pueda terminar alcanzando también a quienes no ejercen ningún tipo de violencia. En ese sentido, consideraron que una respuesta exclusivamente punitiva frente a un fenómeno social corre el riesgo de profundizar situaciones de exclusión.
La posición fue acompañada por una carta enviada por el arzobispo Eduardo Martín, quien sostuvo que la Iglesia no busca "consagrar situaciones de marginalidad y exclusión" ni tampoco "convalidar situaciones delictivas", pero advirtió sobre el riesgo de que una prohibición termine empujando a estas personas hacia una marginación aún mayor.
"Nuestra preocupación es que, por buscar un mayor orden, se termine llevando a estos hermanos nuestros a una marginación más profunda y a una mayor deshumanización de la sociedad", expresó el arzobispo.
Como alternativa a la prohibición, la Pastoral Social propuso avanzar en un esquema de regulación que contemple un registro oficial de cuidacoches, la asignación de zonas de trabajo, mecanismos de identificación y una mayor presencia del Estado en el espacio público.
Según explicaron, un sistema de este tipo permitiría diferenciar a quienes trabajan de manera individual de las organizaciones que operan mediante amenazas o extorsiones, además de facilitar el diseño de políticas públicas específicas para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La Iglesia también planteó que cualquier modificación normativa debería estar acompañada por programas de asistencia social, capacitación e inserción laboral, y reclamó que, en caso de avanzarse con restricciones, exista un período de transición que permita evaluar la situación de las personas afectadas.
Sobre el final de la exposición, la Pastoral Social propuso una serie de puntos de consenso para el debate legislativo. Entre ellos, reconoció la existencia de una crisis social y económica, señaló que muchos cuidacoches encuentran en esta actividad un medio de subsistencia y remarcó que el objetivo final debe ser generar alternativas que permitan una salida progresiva de la informalidad, sin justificar en ningún caso conductas delictivas.
El proyecto que se discute en la Legislatura provincial ya cuenta con media sanción del Senado y busca prohibir la actividad de los cuidacoches en el territorio santafesino, dejando luego en manos de cada municipio los mecanismos de adhesión y control.