El gobierno nacional dispuso la prohibición en todo el territorio argentino de la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de determinados juguetes infantiles blandos conocidos como “squeeze toy” o “squishy”, luego de que surgieran denuncias y antecedentes que advertían sobre la posible presencia de sustancias químicas peligrosas.
La medida quedó formalizada este lunes mediante la Disposición 690/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada en el Boletín Oficial.
La normativa alcanza específicamente a los juguetes blandos elaborados con polímero plástico y con forma de “gyoza, dumpling o similares”. El motivo de la prohibición está relacionado con un riesgo químico: uno de estos juguetes fue sometido a análisis en el Reino Unido y presentó una concentración de benceno cuatro veces superior al máximo permitido.
Qué encontraron en el juguete
El producto en cuestión tiene forma de una empanada asiática, suele venir acompañado por una pequeña canasta plástica similar a una vaporera y está diseñado para ser apretado repetidamente.
Se promociona como un juguete sensorial y antiestrés.
La alerta que encendió las alarmas surgió en Gales en junio. Inspectores de comercio de un municipio enviaron a analizar uno de estos juguetes distribuidos por un mayorista de Cardiff. El resultado fue informado por la Office for Product Safety and Standards (OPSS) del Reino Unido bajo la alerta 2606-0196. El análisis detectó 20 miligramos de benceno por kilo, cuando el máximo permitido era de 5 miligramos por kilo.
El benceno es una sustancia clasificada como cancerígena para los seres humanos y su exposición está asociada, entre otros efectos, con enfermedades de la sangre como la leucemia. También puede provocar irritación en los ojos, la nariz, la garganta y la piel.
Uno de los aspectos que preocupó especialmente a las autoridades es que el contacto con el benceno no requiere necesariamente que el juguete sea llevado a la boca: puede existir exposición mediante la piel o por inhalación durante su manipulación. El producto analizado, además, presentaba otras irregularidades: había sido fabricado en China, no tenía número de lote ni identificaba al fabricante.
Cómo llegó la alerta a la Argentina
En la Argentina, la situación tomó impulso a fines de julio, pocas semanas antes del Día del Niño.
El 28 de julio, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. La entidad aportó el alerta británica y antecedentes del sistema Safety Gate de la Unión Europea, y advirtió que los productos se ofrecían en locales de todo el país, jugueterías, plataformas digitales y redes sociales.
Según la denuncia, varios de estos juguetes se comercializaban sin Marcado de Conformidad, sin datos del importador responsable y sin advertencias en castellano.
A partir de esas actuaciones, la Subsecretaría informó que el producto presentaba una concentración de benceno cuatro veces superior al límite establecido por la normativa argentina, cuyo máximo es de 5 mg/kg. También calificó la situación como un “grave riesgo químico”, alertó a las autoridades de Defensa del Consumidor de las provincias, comunicó el caso a la Aduana y dispuso acciones para frenar su comercialización a través de plataformas.
Aquellas medidas fueron dirigidas a situaciones y vendedores concretos. La disposición publicada este lunes da un paso más: establece una prohibición general para este tipo de productos en todo el territorio nacional.
Qué productos quedan alcanzados
La Disposición 690/2026 incluye específicamente los juguetes infantiles blandos de polímero plástico con forma de “gyoza, dumpling o similares”.
Entre las denominaciones comerciales mencionadas aparecen:
- “Squeezy Duplings”.
- “Dumpling Squishy”.
- “Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis”.
- “Dumpling Squishy con Steamer Box”.
- Versiones genéricas sin marca declarada y de características similares.
La prohibición comprende importación, fabricación, comercialización y almacenamiento, sin importar el formato del producto.
Además, los importadores, fabricantes, mayoristas y minoristas que tengan unidades en stock deberán destruirlas o desecharlas de manera segura e inmediata. La normativa no establece un período para vender las existencias hasta agotarlas.
Las empresas que tengan sitios web, por su parte, deberán informar de manera destacada los alcances de la disposición dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su entrada en vigencia.
La excepción prevista por el Gobierno
La prohibición contempla una excepción para aquellos fabricantes, importadores y comerciantes que puedan demostrar documentalmente que sus productos cumplen con las normas de seguridad. Para quedar exceptuados, deberán contar con una declaración jurada de conformidad y las certificaciones que acrediten la inocuidad del producto y el cumplimiento de la normativa técnica de seguridad en juguetes.
En esos casos, la Aduana podrá liberar la importación cuando se verifique el cumplimiento de ese requisito. La disposición también ordena coordinar las acciones de fiscalización con el Ministerio de Salud, ARCA —incluida la Aduana— y las distintas autoridades de Defensa del Consumidor del país.
Qué hacer si hay uno de estos juguetes en casa
Ante la presencia de uno de estos productos, la recomendación oficial es dejar de utilizarlo. La Subsecretaría aconsejó colocarlo en una bolsa que no tenga roturas, cerrarla e identificarla antes de desechar el juguete y lavarse las manos con agua y jabón después de manipularlo.
La indicación responde al riesgo asociado con la exposición al benceno y no depende de que el juguete haya provocado síntomas inmediatos.
Qué puede hacer quien lo compró
La nueva disposición no establece un mecanismo específico de devolución del dinero. Sin embargo, la Ley de Defensa del Consumidor contempla herramientas para reclamar ante la compra de un producto que no cumple con las condiciones de seguridad exigibles.
El artículo 5 de la Ley 24.240 establece el deber de seguridad de los proveedores, mientras que el artículo 10 bis contempla la posibilidad de resolver la operación y reclamar la devolución del dinero ante determinados incumplimientos.
Para iniciar un reclamo pueden servir distintos comprobantes de la operación, como el ticket, un resumen de tarjeta o incluso conversaciones mantenidas con el vendedor a través de redes sociales.
En caso de que el producto haya provocado un daño, el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor establece la responsabilidad solidaria de quienes participan en la cadena de comercialización, bajo las condiciones previstas por la norma.
Cómo identificar un juguete que cumple con las normas
El caso también volvió a poner el foco sobre los requisitos básicos que deberían verificarse antes de comprar juguetes, especialmente aquellos que se ofrecen a través de redes sociales o plataformas online.
De acuerdo con las recomendaciones difundidas por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, un producto debería contar con:
- Los datos del fabricante o importador responsable, incluyendo nombre o razón social y CUIT.
- Las advertencias y la edad recomendada en castellano.
- El Marcado de Conformidad, con las siglas “AR” y el código QR correspondiente al certificado de seguridad.
- La ausencia de estos datos debería ser una señal de alerta para el consumidor.
La regulación sobre la seguridad de los juguetes también tuvo cambios recientes. En agosto de 2025, la Resolución 313/2025 reemplazó el reglamento técnico que regía desde 2005 e incorporó normas internacionales, entre ellas ISO, EN y ASTM, además de normas IRAM y del Mercosur.
El nuevo esquema también contempla certificaciones de organismos extranjeros reconocidos, con el objetivo de evitar la duplicación de ensayos y facilitar las importaciones.
El caso de los “squishy” con forma de dumpling, sin embargo, presenta una particularidad: el producto cuestionado no contaba con certificación de seguridad ni con una identificación clara de fabricante o importador.
La decisión adoptada ahora por el Gobierno busca cerrar el circuito de comercialización de estos juguetes y reforzar los controles sobre su ingreso y venta en el mercado argentino.