La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunció penalmente al secretario de Minería, Luis Lucero, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo, al considerar que intervino en la modificación de la Ley de Glaciares pese a sus vínculos previos con empresas del sector.
La acusación fue presentada en una audiencia judicial en la que, además, la organización ratificó y amplió una denuncia previa contra la senadora Flavia Royón. Sin embargo, el foco de la nueva presentación está puesto en el rol de Lucero dentro del proceso de reforma normativa.
El planteo se da en paralelo a una fuerte controversia en el Congreso. Este martes, durante un plenario de comisiones en Diputados que analiza la reforma de la Ley de Glaciares, legisladores de la oposición pidieron que Lucero no participe de la discusión. El reclamo fue impulsado por Maximiliano Ferraro y acompañado por Romina del Pla y Sabrina Selva, quienes cuestionaron su intervención por haber sido abogado de empresas mineras.
En ese contexto, Ferraro sostuvo que el funcionario no debería formar parte del expediente “como lo hizo en 2025”, justamente por sus antecedentes profesionales en el sector.
Según los abogados denunciantes, el funcionario había sido formalmente excusado mediante una resolución oficial por su relación con proyectos mineros como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera (MARA). No obstante, aseguran que esa excusación “no fue efectiva”, ya que habría participado activamente en iniciativas que tienden a flexibilizar la Ley de Glaciares y ampliar las áreas habilitadas para la actividad minera.
La presentación sostiene que Lucero cuenta con antecedentes en el sector privado, donde se desempeñó en el estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal asesorando a compañías mineras internacionales y participando en operaciones vinculadas a activos del rubro. Para la organización, esos antecedentes configuran un conflicto de intereses al momento de intervenir en decisiones públicas que podrían favorecer a esas mismas empresas.
En ese marco, advierten sobre un posible “entramado de intereses” que vincula a funcionarios, consultores, estudios jurídicos y empresas mineras en el impulso de cambios regulatorios. Según plantean, se trataría de una dinámica de “puertas giratorias” entre el sector público y privado que pone en riesgo el cumplimiento de la normativa ambiental.
La denuncia apunta específicamente a la modificación de la Ley de Glaciares, una norma que establece restricciones a la actividad en zonas sensibles de la cordillera y protege reservas estratégicas de agua. De acuerdo con los abogados ambientalistas, los cambios en discusión podrían reducir esos controles y habilitar proyectos en áreas previamente restringidas.
Además de la denuncia contra Lucero, la organización incorporó nuevos elementos en la causa contra Royón vinculados a su situación patrimonial, y solicitó medidas de prueba para avanzar en la investigación. También pidió ser aceptada como querellante.
“Lo que se discute no es solo la responsabilidad penal individual, sino el uso del Estado para favorecer intereses privados”, señalaron desde la entidad, al tiempo que advirtieron sobre las posibles consecuencias ambientales de una eventual flexibilización de la ley.