La difusión de una serie de videos inéditos que mostrarían a Jesica Cirio rodeada de grandes cantidades de dólares en efectivo volvió a poner en el centro de la escena judicial la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a la conductora y a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

El material fue revelado por el diario La Nación y consiste en siete grabaciones realizadas presuntamente en 2023 dentro de la vivienda que la pareja compartía en el barrio privado Fincas de San Vicente. En las imágenes se observaría a Cirio dentro de un vestidor mientras revisa valijas, cajas y espacios de guardado donde aparecen numerosos fajos de dólares almacenados entre prendas de vestir.

La existencia de estos videos ya había sido mencionada anteriormente en el expediente judicial. Incluso, el fiscal Sergio Mola y el juez federal Luis Armella impulsaron distintas medidas para determinar si las grabaciones existían y podían incorporarse como prueba en la causa. La aparición pública del material podría ahora aportar nuevos elementos a una investigación que lleva más de dos años de avances y peritajes.

La causa se originó en 2023 tras el denominado "Yategate", cuando se difundieron imágenes de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici en Marbella. A partir de ese episodio, la Justicia federal comenzó a investigar el patrimonio de los involucrados y en 2024 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, Cirio y Clerici.

Desde el entorno de la conductora rechazaron cualquier interpretación incriminatoria. Su abogado, Claudio Caffarello, sostuvo que Cirio viene denunciando desde hace más de un año supuestos intentos de extorsión vinculados con esos videos y aseguró que, de existir las imágenes, el dinero podría corresponder a fondos propios declarados y respaldados por su actividad privada.

La difusión de las grabaciones abre un nuevo capítulo en uno de los casos con mayor impacto político y mediático de los últimos años. No obstante, el valor probatorio de los videos dependerá de su autenticación y de una eventual incorporación formal al expediente que llevan adelante el fiscal Mola y el juez Armella.