La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, con modificaciones que incluyen la restitución de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones y deberá regresar al Senado para su revisión.
El oficialismo consiguió avanzar con la propuesta gracias al acompañamiento de sus aliados y a las abstenciones de cinco legisladores vinculados al cordobesismo, integrantes de Provincias Unidas, y del diputado del PRO Álvaro González. Sin esas abstenciones, el resultado de la votación general habría sido desfavorable para La Libertad Avanza.
Uno de los principales cambios incorporados al texto fue la decisión de mantener vigente la Ley 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La norma fija un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre las superficies rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
La restitución de esa legislación implica dejar sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante el cual el presidente Javier Milei había dispuesto su derogación. El capítulo referido a las tierras fue aprobado en la votación en particular por una amplia mayoría de 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones.
La modificación se produjo después de una serie de resoluciones judiciales sobre la vigencia de la normativa. En uno de sus pronunciamientos, la Corte Suprema revocó un fallo que había declarado inconstitucional su derogación, al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata carecía de legitimación procesal para impulsar el reclamo. Posteriormente, el máximo tribunal suspendió de manera cautelar la derogación en el marco de otra causa promovida por una organización ambiental, sin resolver todavía la cuestión de fondo.
Además de la regulación sobre tierras rurales, el proyecto introduce modificaciones en los procedimientos de expropiación. La iniciativa establece que el Estado deberá contar con una declaración específica de utilidad pública y abonar una indemnización previa calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble. También incorpora el reconocimiento del lucro cesante.
Este último punto generó cuestionamientos de sectores opositores, que advirtieron sobre un posible incremento de los costos que deberá afrontar el Estado para concretar expropiaciones.
En materia de desalojos, el texto contempla la aplicación de procedimientos judiciales sumarísimos para acelerar la recuperación de inmuebles ocupados. A su vez, establece un plazo de protección de diez días para las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa también incluye modificaciones destinadas a modernizar el funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble.