Transportistas, instituciones y profesionales que trabajan con personas con discapacidad realizarán un paro de 24 horas en todo el país este viernes 13 de marzo. La medida de fuerza tendrá alto impacto en Rosario por la adhesión de la Asociación Provincial de Instituciones (Apridis) y los Transportistas nucleados en Atraes.
Desde el sector denunciaron que hace cinco meses que el gobierno nacional no abona las prestaciones, al tiempo que observaron que los actuales aranceles tienen un atraso del 40%. Además, explicaron que la situación se agrava porque no se pueden pagar sueldos y cargar combustible para trabajar.
Por otra parte, indicaron que hace meses que obras sociales nacionales, entre ellas Pami e Incluir Salud, no abonan los aranceles por las prestaciones brindadas.
La presidenta de Apridis, Mariel Chapero, manifestó: “Los aranceles no permiten sostener los servicios, pero además hemos entrado desde el 2025 en un cese de pago. La situación es desoladora, es de arrasamiento y muchísima angustia. Cerrar también es un problema, no hay con qué abonar las indemnizaciones ni pagar alquileres, se deben sueldos desde el mes de enero”.
“En las sucesivas comunicaciones que sostenemos con quien era director e interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), hoy a cargo de la Secretaría de Discapacidad en el marco del Ministerio de Salud, nos piden que tengamos paciencia y confianza, que están trabajando para resolver la situación, que estemos atentos. Son términos textuales. No es posible tener paciencia y confianza si no hay una medida concreta de pago y una actualización de aranceles, tenemos un desfasaje de más del 40%”, completó Chapero.
En tanto , el transportista Marcelo López apuntó: “Hace muchos años que estamos con un arancel muy bajo con respecto a las inflaciones, así que el panorama para nosotros es más complejo todavía. Hay transportistas que todos los días dejan de llevar a los chicos porque no tienen para cargar combustible ni para comer. Estamos en una situación crítica y límite”.
López marcó un panorama desolador: “Los transportistas viven con la incertidumbre de no saber cuándo saldarán sus deudas. No hay fecha, nadie atiende, nadie contesta, imagínense que estén seis meses sin cobrar. Hay un arancel que es muy bajo, y así uno cobre algo, no nos sirve. Peleamos por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se aprobó, pero el Gobierno no la cumple”.
Por último, la coordinadora del Área de Accesibilidad de la Facultad de Psicología, Gabriela Fernández, habló de cómo impacta esta situación en las personas con discapacidad: “No se trata solamente del desfinanciamiento de un sistema de salud o del sistema de prestaciones, sino que se trata de vidas y de derechos”.
“Los prestadores vienen denunciando la falta de aranceles, pero mirar el problema sólo desde ahí, es mirarlo al revés. Las prestaciones permiten a las personas con discapacidad poder existir en la vida social. Sin ellas, se destruye la posibilidad de que los niños de este país accedan a una educación, se extermina la posibilidad de sostenernos en un trabajo, porque no tenemos acceso al transporte. Se reduce también la posibilidad de tener una vida autónoma, no tenemos una mirada de accesibilidad. Vemos arrasada nuestra vida toda”, dijo la profesional.