El detenido agente de Bolsa rosarino, Daniel Casanovas, pidió la prescripción de las millonarias estafas financieras que le imputó la Fiscalía y el tema se tratará este mediodía en una audiencia que presidirá el juez Alejandro Negroni.
El argumento principal de Casanovas es que entre las primeras estafas cometidas, y varias de las imputaciones formales, pasaron más de seis años, por lo que estarían prescriptas muchas de ellas. En ese lote, su defensa –a cargo de los abogados Emiliano Díaz y Rafael Reina– incluye casi todos los delitos por los cuales se lo investiga y se lo imputó, por ejemplo las maniobras con los cheques diferidos y las administraciones fraudulentas.
La defensa sostiene que la prescripción es un límite temporal constitucional al poder punitivo del Estado. Argumenta que para las calificaciones imputadas (principalmente estafa y administración fraudulenta), la pena máxima es de 6 años de prisión. Por ende, el plazo prescriptivo aplicable es de 6 años transcurridos desde el momento de la consumación sin interrupciones, dice la defensa.
Dado que el Ministerio Público Fiscal consideró los hechos como independientes y en concurso real (negando agrupaciones o que las víctimas fueran únicamente las sociedades, la defensa argumenta que el inicio del plazo debe contarse a partir de la fecha de comisión/entrega de fondos de cada operación o hecho infiel particular, alcanzando la prescripción a los 6 años exactos de cada uno, la mayoría ocurridos entre 2016 y 2019, prescritos entre 2022 y 2025.
La defensa también volverá con el cuestionamiento de la calificación del delito de la administración fraudulenta. La defensa sostiene que las operaciones cuestionadas revestían la naturaleza de un contrato de mutuo (préstamo de consumo). En el mutuo, el dinero pasa a ser propiedad del mutuario y no existe administración de un patrimonio ajeno ni obligación de rendir cuentas, por lo que la tipificación penal resulta errónea.
Respecto a los 39 hechos caratulados como colusión, la defensa explica que ese delito contempla una escala penal significativamente menor, con un máximo de 1 año de prisión. La defensa señala que, desde la fecha de los hechos hasta el primer acto de imputación/detención (agosto de 2025), transcurrió en exceso el plazo máximo de 1 año, encontrándose la acción penal totalmente extinguida por prescripción
Fiscalía se planta
Frente al intento de Casanovas de tomar los hechos defraudatorios aislados y así hacer valer los años de demora de la Justicia, la estrategia de los fiscales Teresa Granato y Víctor Corvalan será mostrar lo contrario y que hubo una real trama defraudatoria, con toda una secuencia e interrelación de los delitos imputados, por lo que no aplicaría la prescripción pedida.
A Casanovas le endilgan unos 100 casos de estafas financieras cometidos a sus clientes al momento de la caída de sus empresas (cerealeras y financieras) por una cifra cercana a los 15 millones de dólares. Además de las múltiples imputaciones por estafa –tomando fondos que sabía que no iba a devolver y recibiendo granos que sabía que no iba a pagar–, ahora la hipótesis de Fiscalía es que el financista también generó –mediante una serie de contratos simulados– un entramado societario que descapitalizó o quitó a muchos de sus bienes del alcance de los acreedores y además entorpeció la investigación mediante el armado de estructuras por las cuales ocultó su patrimonio.