El Gobierno creó un nuevo programa nacional destinado a coordinar y fortalecer la política criminal frente a los ciberdelitos, la evidencia digital, los activos virtuales y los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial.
La medida fue establecida mediante la Resolución 483/2026 del ministerio de Justicia, publicada este viernes en el Boletín Oficial. El nuevo organismo se denomina Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (Pronacib) y funcionará dentro de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia.
El programa tendrá como objetivo mejorar la capacidad del Estado para prevenir, investigar y perseguir penalmente los delitos cometidos mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, además de fortalecer la obtención, preservación, análisis y utilización de evidencia digital.
El Pronacib tendrá entre sus objetivos elaborar diagnósticos sobre las distintas modalidades de ciberdelincuencia, detectar problemas prioritarios y promover una política criminal basada en evidencia.
También analizará si es necesario actualizar la legislación penal y procesal frente a las nuevas modalidades delictivas y las dificultades que presenta la evidencia digital. El programa podrá elaborar propuestas de reforma normativa y herramientas para mejorar la obtención, preservación, intercambio y valoración de ese tipo de pruebas.
Otro de los ejes serán los activos virtuales. La resolución plantea fortalecer la capacidad para investigar operaciones que involucren este tipo de activos y mejorar los mecanismos para identificar, rastrear, asegurar, incautar y analizar tanto los activos como la evidencia digital asociada.
La inteligencia artificial, dentro de la agenda criminal
La IA aparece como uno de los nuevos desafíos que el Gobierno incorpora explícitamente a la política criminal. El programa analizará los riesgos y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes tanto cuando sean utilizadas para cometer, facilitar, automatizar o esconder delitos como cuando puedan servir para prevenirlos, detectarlos o investigarlos.
Además, se prevé elaborar protocolos y recomendaciones para el uso de estas herramientas en el sistema de justicia. Entre los criterios mencionados figuran la legalidad, transparencia, trazabilidad, seguridad, protección de datos personales, no discriminación, posibilidad de auditoría y supervisión humana significativa.
El Pronacib también buscará mejorar la articulación entre organismos nacionales, provincias, la Ciudad de Buenos Aires, autoridades judiciales, ministerios públicos y fuerzas de seguridad. El programa podrá crear mesas interinstitucionales de articulación para intercambiar información y experiencias, elaborar propuestas y coordinar criterios entre las distintas jurisdicciones.
La resolución aclara que las acciones deberán respetar las competencias de las provincias, del Poder Judicial y de los ministerios públicos. La asistencia técnica a las jurisdicciones locales se brindará cuando estas la soliciten.
También se fortalecerá la cooperación internacional a través de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital y de los mecanismos previstos en el Convenio de Budapest sobre ciberdelito.