El Gobierno nacional aprobó un sistema penitenciario específico para mujeres privadas de la libertad consideradas de alto riesgo y vinculadas con organizaciones criminales. La medida apunta a reforzar los mecanismos de evaluación, clasificación, seguridad y supervisión dentro de las cárceles federales para evitar que las estructuras delictivas puedan continuar operando desde el encierro.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 878/2026 del ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma aprueba e implementa el denominado “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo – Mujeres” dentro del Servicio Penitenciario Federal.
El nuevo esquema toma como antecedente el sistema de alto riesgo que el entonces ministerio de Seguridad había implementado en 2024 para personas privadas de la libertad vinculadas a organizaciones criminales nacionales y transnacionales. Según la resolución, esa experiencia permitió desarrollar mecanismos especializados para limitar la capacidad de las organizaciones de continuar operando desde el interior de las cárceles.
El texto oficial vincula expresamente el funcionamiento del nuevo régimen con el Plan Bandera, impulsado por el ministerio de Seguridad para reducir la violencia asociada al crimen organizado en Rosario. También menciona el Plan Güemes, relacionado con delitos complejos en el norte del país, y el Plan Paraná, destinado al control de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
En ese marco, el Gobierno informa que 78 integrantes de distintas organizaciones criminales ya fueron incorporados al sistema general de alto riesgo. La resolución señala que una parte significativa de esas personas desarrolla sus principales actividades en Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba y Corrientes.
La nueva resolución sostiene que la experiencia acumulada llevó a detectar la necesidad de establecer mecanismos específicos para las mujeres vinculadas con estructuras criminales complejas, teniendo en cuenta las particularidades de la población penal femenina.
Entre los argumentos centrales de la resolución hay estudios especializados que han advertido una creciente participación de mujeres integrantes de organizaciones criminales en funciones ejecutivas y de conducción, particularmente a partir de la detención de sus contrapartes masculinas y del incremento de controles penitenciarios, circunstancia que ha favorecido la asunción de roles vinculados a la transmisión de órdenes, coordinación logística y continuidad operativa de dichas estructuras delictivas.
El documento también advierte sobre organizaciones estructuradas como “clanes familiares”, en las que mujeres integrantes de esos grupos pueden asumir funciones de enlace, coordinación y continuidad de las actividades ilegales.
Qué contempla el nuevo sistema
De acuerdo a la resolución, el nuevo sistema prevé mecanismos específicos para clasificar y gestionar a las internas según su nivel de riesgo criminológico. La idea es que aquellas que, por sus antecedentes, características o nivel de inserción en organizaciones criminales, requieran medidas especiales puedan quedar bajo un régimen diferenciado de seguridad, supervisión y tratamiento.
La resolución contempla adecuaciones en distintos aspectos de la vida penitenciaria:
- infraestructura y condiciones de alojamiento;
- clasificación y medidas de seguridad;
- tratamiento penitenciario;
- salud integral;
- vinculación familiar;
- capacitación específica del personal;
- mecanismos de monitoreo y revisión del sistema.
El personal penitenciario que trabaje en este régimen deberá recibir formación específica en perspectiva de género y abordaje de población penal femenina de alto riesgo, además de la capacitación especializada que ya contempla el sistema general.
La norma también establece que la clasificación deberá considerar no solamente la causa por la que la mujer está detenida y sus antecedentes, sino también factores vinculados con el riesgo criminológico y sus necesidades específicas de intervención.
Si bien el sistema quedó formalmente aprobado, varios aspectos de su funcionamiento deberán ser definidos posteriormente.
La dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal tiene un plazo de 60 días para elaborar los protocolos complementarios y los manuales específicos. Además, deberá definir la planificación operativa, seleccionar y capacitar al personal y asignar los recursos de infraestructura y tecnología necesarios.
El gasto será afrontado con las partidas correspondientes al Servicio Penitenciario Federal dentro del Presupuesto nacional. La resolución también ordena elaborar informes técnicos semestrales para evaluar el avance de la implementación y proponer eventuales correcciones.