La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) suspendió la habilitación del puerto de Ushuaia tras detectar graves irregularidades en el manejo de fondos y ordenó su intervención administrativa por el plazo de un año
Desde el organismo nacional intimaron al gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por Gustavo Melella, a corregir las anomalías detectadas, que incluyen presuntos desvíos de fondos, deficiencias en la infraestructura y riesgos operativos y de seguridad.
“La medida se tomó como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que operan en el puerto”, señalaron desde la ANPyN a través de un comunicado oficial.
La resolución, firmada por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Arreseygor, establece que la intervención se extenderá por un año y será oficializada este jueves mediante su publicación en el Boletín Oficial.
La decisión se originó a partir de una denuncia sindical y sectorial contra la Ley provincial N° 1596, presentada por el secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda. La norma cuestionada creó un fondo para cubrir la deuda de la obra social estatal OSEF utilizando el superávit del puerto de Ushuaia.
En ese marco, Avellaneda quedará al frente de la gestión operativa de la terminal portuaria, bajo la supervisión de directores y gerentes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Además, el organismo nacional informó que las inspecciones realizadas detectaron serias fallas en la infraestructura: faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica y compromisos en las condiciones básicas de seguridad operativa. También se advirtieron irregularidades en la gestión administrativa y financiera.
Según detallaron, estas falencias fueron comunicadas a la provincia junto con el reclamo para implementar un registro formal de ingresos, egresos y compras. Sin embargo, señalaron que estas tareas fueron tercerizadas en una empresa que figuraría habilitada para la venta de artículos como paraguas, termos y pelucas, sin antecedentes en administración portuaria.
“En detrimento de la normativa vigente, que establece que el presupuesto del puerto solo puede destinarse a inversiones en la propia terminal, se constató que el gobierno provincial utilizó un 33% de esos fondos para subsidiar gastos de la provincia, mientras que apenas un 1,3% se destinó a obras y servicios para mejorar la calidad operativa”, remarcaron desde la agencia.
Por último, informaron que la Prefectura Naval Argentina asistirá el proceso de intervención con el objetivo de optimizar las condiciones de seguridad y el desarrollo de las tareas operativas en el puerto.