El Poder Ejecutivo envió este lunes a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley sobre régimen penal juvenil. El texto retoma la iniciativa presentada en 2024, pero agrega un articulado específico sobre la asignación presupuestaria, uno de los puntos cuestionados en el debate anterior.
El oficialismo pretende avanzar con un tratamiento acelerado: este miércoles se reuniría un plenario de comisiones para emitir dictamen y el jueves podría debatirse en el recinto, según el cronograma acordado en la Cámara baja.
En mayo de 2025, el proyecto había logrado despacho en las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda, tras unificar propuestas del Poder Ejecutivo y de otros bloques. Sin embargo, nunca llegó a ser tratado en sesión y el dictamen cayó con la renovación parlamentaria.
Debate por la edad de imputabilidad
El nuevo proyecto mantiene la edad de imputabilidad desde los 13 años, tal como impulsó el Gobierno el año pasado. Sin embargo, sectores de la oposición dialoguista anticiparon que acompañarán una baja a los 14 años, pero no a los 13, lo que anticipa un nuevo foco de conflicto legislativo.
La iniciativa establece que el régimen penal juvenil será aplicable a personas desde los 13 años hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, cuando sean imputadas por delitos tipificados en el Código Penal o en leyes penales especiales.
Cambios en el financiamiento
Uno de los cambios centrales del nuevo texto es el artículo 51, que detalla el presupuesto necesario para implementar la ley. El proyecto fija un monto total de $23.739.155.303,08, que se financiará con $3.131.996.784,28 del Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 de la Defensoría General de la Nación.
En el debate previo, el dictamen facultaba al jefe de Gabinete a readecuar partidas presupuestarias, un mecanismo cuestionado incluso desde la Casa Rosada cuando lo impulsaba la oposición. En las últimas semanas, también se había discutido la posibilidad de convenios entre Nación y provincias para adaptar los sistemas locales.
Argumentos del Gobierno
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostuvo que la situación de los menores en conflicto con la ley penal constituye “uno de los graves problemas” del país y que se requiere una solución integral que no se limite al castigo, sino que incluya políticas de reinserción social y laboral.
El texto también cuestiona la vigencia de la Ley 22.278, sancionada en 1980, por no ajustarse a los principios constitucionales y a los estándares internacionales, y plantea la necesidad de una ley especial adaptada a la realidad social actual.
Además, el Gobierno argumentó que Argentina se encuentra en minoría regional respecto de la edad de imputabilidad. Citó que Chile, Colombia y Perú la fijan en 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13; y Brasil y México en 12.
Alcances del nuevo régimen
El proyecto contiene más de 50 artículos que establecen principios rectores, derechos y garantías para adolescentes, derechos de las víctimas, penas y medidas complementarias, causales de extinción de la acción penal, mecanismos de supervisión estatal, características de los institutos de detención especializados, medidas de salud y disposiciones presupuestarias.
Según el Ejecutivo, la inclusión del detalle fiscal busca cumplir con la normativa vigente sobre responsabilidad presupuestaria y financiamiento de nuevas leyes.