El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) cobrará estudios y prácticas realizados por su Laboratorio Nacional de Inmunogenética a las obras sociales y entidades de cobertura sanitaria de los pacientes. La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 235/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La resolución establece que, tras una actualización de costos, el Incucai cobrará las prestaciones realizadas por el laboratorio a las entidades responsables de la cobertura social o sanitaria de cada paciente. En tanto, los estudios destinados a personas con cobertura pública exclusiva continuarán siendo financiados con recursos del Fondo Solidario de Trasplantes, sin costo para los pacientes.
Entre los estudios que lleva adelante el Laboratorio Nacional de Inmunogenética, creado en 2023, se encuentra la tipificación de donantes, el análisis de histocompatibilidad y otras prestaciones destinadas a pacientes con indicación de trasplante de órganos, tejidos y células progenitoras hematopoyéticas.
En los fundamentos de la medida –que puede leerse en este link–, el Incucai detalla que “estas prestaciones implican la utilización de recursos, equipamiento e insumos cuyos costos son afrontados íntegramente por el organismo”.
Es por ello que “consideró necesario implementar un mecanismo para recuperar esos gastos a partir de estudios de costos elaborados por el laboratorio y por la Dirección del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas”.
El anexo de la norma fija los valores de cada una de las prestaciones. Por ejemplo, la inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido tendrá un costo de 514.000 pesos, mientras que un estudio de HLA y anticuerpos anti-HLA para pacientes de células progenitoras hematopoyéticas costará 979.000 pesos.
La norma dispone que la Dirección de Administración y la Dirección del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas adopten las medidas necesarias para implementar el nuevo sistema de facturación.
Además, establece que la resolución entrará en vigencia a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial.