El oficialismo volverá a poner en marcha en el Senado el proyecto de reforma del régimen de Zona Fría, una de las iniciativas energéticas impulsadas por el Gobierno que había quedado frenada en la Cámara alta.
Este miércoles, desde las 16, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda se reunirán en plenario para comenzar a analizar el proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo.
Para exponer ante los senadores fueron convocados el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli; la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti; y el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo.
Será el primer tratamiento formal de la iniciativa en el Senado. Después de su aprobación en Diputados, el proyecto quedó sin avances porque La Libertad Avanza no tenía los votos necesarios para garantizar su sanción definitiva.
El escenario comenzó a cambiar a partir del acuerdo alcanzado hace casi un mes entre el Gobierno nacional y los gobernadores de las provincias del NEA y el NOA.
Las negociaciones fueron encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Como parte del entendimiento, los mandatarios provinciales comprometieron su acompañamiento legislativo al proyecto a cambio de compensaciones en los subsidios eléctricos para las regiones más cálidas durante los meses de primavera y verano.
Según lo acordado, esos beneficios para la electricidad serían implementados por el Poder Ejecutivo mediante una resolución de la Secretaría de Energía, que se emitiría una vez sancionada la ley.
De esta manera, el Gobierno dejó por ahora de lado la posibilidad de impulsar una ley específica para crear un régimen de zonas cálidas, una alternativa que había sido planteada desde distintos sectores.
Qué cambia en el régimen de Zona Fría
El proyecto, denominado “Medidas Energéticas”, modifica el esquema establecido por la Ley 27.637, sancionada en 2021. Aquella norma había ampliado de manera significativa el alcance del régimen de Zona Fría, que hasta entonces estaba concentrado principalmente en la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna.
Con la reforma de 2021 se incorporaron departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
La propuesta del Gobierno mantiene los subsidios actuales para las regiones históricamente incluidas, pero restringe el beneficio en las zonas que fueron incorporadas en 2021.
En esos lugares, la bonificación adicional quedaría limitada a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
El proyecto establece que podrán acceder al beneficio las familias cuyos ingresos netos sean equivalentes a hasta tres canastas básicas totales, además de beneficiarios de determinados programas sociales. Entre ellos aparecen personas y familias registradas en el ReNaBaP y veteranos de la Guerra de Malvinas.
Otro de los cambios centrales está relacionado con la manera en que se aplicaría la bonificación. Actualmente, el beneficio alcanza a la factura de gas. La iniciativa plantea que el subsidio se aplique exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el monto total que paga el usuario. La diferencia es relevante porque la factura también incluye los costos correspondientes al transporte y la distribución.
Por eso, aun para los usuarios que continúen alcanzados por el régimen, el impacto final del beneficio podría ser diferente al del esquema vigente.
El proyecto mantiene el mecanismo de financiamiento del régimen a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de consumos de Gas, que se alimenta mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural. A la vez, incorpora una facultad para que el Poder Ejecutivo pueda aumentar o reducir ese porcentaje hasta un 50%.
La iniciativa no se limita al régimen de Zona Fría. También incorpora un capítulo destinado a regularizar obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En ese marco, habilita a Cammesa a utilizar créditos para cancelar deudas de distribuidoras eléctricas que estén incluidas en acuerdos de regularización con el Estado nacional.
Para acceder a ese mecanismo, las empresas deberán renunciar a reclamos judiciales o administrativos relacionados con esas obligaciones.
Además, el proyecto contempla la derogación de distintos regímenes de promoción para el sector hidrocarburífero y propone extender hasta 2045 el régimen de incentivos para las energías renovables.
El tratamiento en comisiones del Senado será ahora el primer paso para intentar destrabar una reforma que el Gobierno considera clave dentro de su esquema de reorganización de los subsidios energéticos.