La Cámara de Senadores de Santa Fe convirtió este jueves en ley el proyecto que incorpora al Código de Convivencia provincial sanciones para la actividad de cuidacoches en la vía pública. La Cámara alta rechazó las modificaciones introducidas por Diputados e insistió con la versión que había aprobado inicialmente, impulsada por el senador del departamento Rosario, Ciro Seisas.
La norma alcanza a quienes, sin autorización y cuando la actividad esté prohibida por la normativa local, ofrezcan lugares para estacionar a cambio de dinero u otro beneficio —voluntario o no— o realicen tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos. Establece trabajo comunitario de dos a diez días y prohibición de concurrir al lugar de la contravención, mientras que en caso de reincidencia contempla arresto de diez a veinte días.
Las sanciones se duplicarán cuando existan violencia o amenazas, la actividad se realice en zonas de estacionamiento tarifado, en inmediaciones de eventos masivos, aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad o en horario nocturno y sectores escolares, bancarios, comerciales o de edificios públicos. Además, cuando exista organización o acuerdo previo entre dos o más personas habrá penas de arresto, con un agravamiento para quienes sean identificados como organizadores o coordinadores.
Durante el debate, Seisas sostuvo que la iniciativa surgió de los reclamos recibidos principalmente en Rosario. “Esto no nació en un escritorio ni de una alucinación de IA. Nació en los mensajes, comentarios, reclamos que nos mandaron cientos de vecinos y vecinas”, afirmó. También aseguró que la actividad cambió con el paso de los años y señaló que, en algunos casos, existen “bandas organizadas que extorsionan e intimidan a vecinos”.
El legislador aclaró que la aplicación dependerá de las decisiones de cada gobierno local. “Cada ciudad va a poder diseñar su propia ordenanza según su realidad”, señaló, y agregó que los municipios que prohíban la actividad tendrán un marco legal para actuar y podrán solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales.
“Con esta ley no se termina nada, ahora empieza un proceso que va a llevar su tiempo hasta regularizar la situación”, afirmó. La norma efectivamente asigna a los municipios la actuación contravencional y les permite requerir intervención policial.
La ley también obliga al Ejecutivo provincial a implementar medidas de prevención e inclusión social, entre ellas capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordajes de salud mental y consumos problemáticos, en articulación con municipios y entidades públicas y privadas.
Seisas sostuvo que el objetivo es ofrecer alternativas a quienes ingresaron a la actividad por necesidad: “No podemos ordenar la calle si no atendemos las causas que arrastran a las personas a la marginalidad”.