La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, impulsado por el Ejecutivo provincial. La iniciativa obtuvo media sanción con el voto favorable de todos los legisladores presentes y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La votación se realizó con el quórum justo y contó con el acompañamiento de los dos senadores del Partido Justicialista presentes, Alcides Calvo y Rubén Pirola. El peronismo también realizó aportes al texto durante su tratamiento legislativo.
El proyecto fue elaborado por los ministerios provinciales de Igualdad y Desarrollo Humano, Justicia y Seguridad, y Gobierno e Innovación Pública. Su objetivo es establecer nuevos mecanismos de prevención, asistencia y seguimiento de situaciones de violencia por razones de género, con medidas de protección diferenciadas según la gravedad de cada caso.
Durante el debate, el senador Esteban Motta destacó la importancia de abordar la problemática más allá de las diferencias políticas. "La violencia de género es una temática que debe abstraerse de análisis ideológicos. Vamos a pasar a un sistema de avanzada en materia de prevención. La protección de la víctima debe estar por encima de todo", sostuvo.
Por su parte, Ciro Seisas vinculó la iniciativa con las políticas de seguridad implementadas en la provincia. "Si se logró dar pasos muy importantes para pacificar las calles de la provincia, también tenemos que dar un paso en este sentido para prevenir la violencia de género", expresó.
Desde el justicialismo, Pirola advirtió sobre el incremento de los femicidios. "Estamos en un año muy complejo, en el que han crecido los femicidios. Es necesario que todos hablemos el mismo idioma a la hora de dar las respuestas que la sociedad está demandando", afirmó.
En tanto, el senador Felipe Michlig destacó el proceso de diálogo entre los distintos espacios políticos. "Sentíamos la necesidad de abrir el diálogo para que todos los bloques puedan hacer su aporte y que este proyecto sea aprobado por unanimidad, a pesar de que haya miradas distintas", señaló.
Cuatro niveles de riesgo y nuevas medidas de protección
Uno de los principales cambios que propone la iniciativa es la implementación de un sistema escalonado de medidas cautelares. Las situaciones de violencia serán clasificadas en cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y crítico.
Para determinar la gravedad de cada caso se tendrán en cuenta indicadores como amenazas de muerte, separaciones recientes, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento, incumplimientos de restricciones anteriores y llamados reiterados al 911.
A partir de esa evaluación, la Justicia podrá disponer distintas medidas de protección, entre ellas restricciones de acercamiento, exclusión del hogar, perímetros dinámicos, dispositivos de alerta y acciones específicas frente al hostigamiento digital.
En situaciones de riesgo alto o crítico, el proyecto establece como regla general el monitoreo electrónico de la víctima y del agresor, mediante dispositivos que permitan controlar el cumplimiento de las restricciones. Las excepciones deberán contar con justificación judicial.
También contempla el retiro o secuestro preventivo de armas de fuego y la comunicación con las autoridades competentes cuando se detecten situaciones de mayor gravedad.
Otra de las herramientas previstas es el arresto conminatorio excepcional, de carácter procesal y temporal, que podrá ser dispuesto judicialmente ante determinados incumplimientos de las medidas de protección. Estas conductas también serán consideradas para actualizar la evaluación del riesgo.
Denuncias simplificadas y asistencia a las víctimas
El proyecto incorpora un procedimiento destinado a facilitar el acceso a la protección estatal. Las denuncias deberán ser recibidas en cualquier comisaría u organismo habilitado y, ante situaciones urgentes, cualquier tribunal podrá intervenir.
Además, establece que las medidas de protección tendrán vigencia inmediata, incluso antes de que el agresor sea notificado. También contempla asistencia jurídica y prohíbe recurrir a instancias de mediación o conciliación en estos casos.
La propuesta incluye la creación de un registro digital unificado para reunir información sobre denuncias, medidas judiciales e incumplimientos. El sistema permitirá el intercambio de datos entre organismos estatales, con mecanismos de resguardo de la información personal.
Asimismo, se prevé la conformación de un equipo interdisciplinario especializado dentro del Ministerio Público de la Defensa para evaluar situaciones, elaborar informes y acompañar a las personas afectadas.
La iniciativa incorpora medidas específicas para proteger a niños, niñas y adolescentes expuestos indirectamente a situaciones de violencia de género.
También contempla un fondo de asistencia de emergencia destinado a cubrir necesidades urgentes, como traslados, alojamiento temporal, cambios de cerraduras y otras medidas de seguridad en los hogares.
El texto establece, además, que el Estado deberá intervenir ante alertas de dispositivos electrónicos técnicamente validadas, sin necesidad de que la víctima confirme el pedido de asistencia.