La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) se expresó sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y advirtió que las modificaciones en los convenios colectivos podrían generar mayor inestabilidad y disputas en el ámbito laboral.
A través de un documento presentado ante el Senado, la entidad expresó su respaldo general a la iniciativa, pero encendió una señal de alerta sobre los cambios en los convenios colectivos, a los que adjudica riesgos concretos para la seguridad jurídica del sector.
Concretamente, desde Came pidieron que se eliminen los artículos 126 al 132 del proyecto, argumentando que su implementación podría contrariar el espíritu de la reforma y propiciar un clima de mayor incertidumbre para empleadores y trabajadores.
El cuestionamiento más fuerte recae sobre el artículo 126, que limita la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos solo a sus cláusulas normativas, y excluye las obligacionales. Estas últimas, dice, son las determinaciones dispuestas libremente por las partes en la negociación.
Para la entidad empresaria, esta restricción entra en tensión con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios internacionales de la OIT, y abre la puerta a disputas que actualmente están contenidas por la continuidad de los acuerdos vigentes.
“El artículo modificatorio de la ley de negociación colectiva vigente desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral. Además de resultar incompatible con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios internacionales de la OIT, al introducir una regresión injustificada en derechos laborales consolidados, y cuya consecuencia será generadora de mayor imprevisibilidad y conflictos”, dice el texto.
Por otra parte, señalaron que el artículo 128, que prohíbe los aportes obligatorios para las entidades empresarias pero mantiene los de las organizaciones sindicales, implica un trato “inequitativo y discriminatorio” que podría poner en jaque la representación empresaria a nivel nacional y alterar el equilibrio entre las partes que participan de la negociación colectiva.
En cuanto a los artículos 130 y 131, criticaron que se prioricen los convenios por empresa sobre los sectoriales. Para la organización, esto fragmentaría el marco regulatorio de las actividades económicas, introduciendo disparidades salariales injustificadas y vulnerando el principio de igual paga por igual labor.
Finalmente, el artículo 132 fue criticado por otorgar al Estado la potestad de suspender convenios colectivos por motivos amplios como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. Las tres cámaras advirtieron que esta facultad discrecional añade un elemento de imprevisibilidad que perjudica la planificación tanto de empresas como de empleados.
El documento, firmado por el presidente de la entidad, Ricardo Diab, y la secretaria general, Beatriz Tourn, subraya que las sugerencias apuntan a construir una norma que garantice “estabilidad, certezas, previsibilidad y, fundamentalmente, equidad”.
El oficialismo buscará aprobar la reforma durante el período de sesiones extraordinarias que se desarrollarán del 2 al 27 de febrero.