En la previa a la quinta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional definió nuevos lineamientos para auditar las cuentas y la gestión de las universidades nacionales durante 2027. La medida establece prioridades para el trabajo de las unidades de auditoría interna, con foco en la administración de los recursos, las contrataciones, los gastos de personal y la rendición de fondos públicos.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 311/2026 de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), publicada este jueves en el Boletín Oficial. La norma aprueba pautas complementarias para elaborar, ejecutar y supervisar los planes anuales de trabajo de las auditorías internas de las casas de estudio durante el próximo ejercicio.
La medida se conoce en una jornada de movilización de la comunidad universitaria contra el Gobierno de Javier Milei, en un conflicto que tiene entre sus principales ejes el financiamiento de las universidades públicas, la actualización de los salarios docentes y no docentes y los recursos destinados al funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Qué controles deberán realizar las universidades
Los lineamientos establecen que las auditorías internas deberán planificar sus tareas en función de los riesgos de cada institución, sus características, los antecedentes de control y los recursos disponibles. Entre las áreas prioritarias figuran la gestión presupuestaria, contable y financiera; las compras y contrataciones; las transferencias, los subsidios y los convenios; el patrimonio, las obras y la infraestructura.
También se incluyen los procedimientos vinculados con el personal y la liquidación de haberes, los sistemas informáticos y la ciberseguridad, la administración económica de proyectos de investigación y extensión, la transparencia institucional y el circuito de emisión y otorgamiento de títulos.
Las pautas no implican que cada universidad deba abrir una auditoría independiente sobre todos esos temas. La selección de los proyectos deberá justificarse según la matriz de riesgos y las necesidades de cada institución.
Rendiciones de fondos y seguimiento de observaciones
Uno de los puntos específicos es la evaluación del estado de las rendiciones que las universidades deben presentar ante la autoridad nacional competente en materia universitaria.
Las unidades de auditoría interna deberán relevar los fondos, programas, transferencias y convenios sujetos a rendición, además de identificar los importes recibidos, aplicados, rendidos, aprobados, observados y pendientes. También tendrán que registrar vencimientos, documentación respaldatoria, saldos sin aplicar y eventuales inconsistencias.
A partir de esa información, deberán elaborar informes que distingan los datos verificados de aquellos que todavía estén pendientes de conciliación o validación, y formular recomendaciones para atender los problemas detectados.
El documento aclara que la responsabilidad de elaborar, presentar y dar seguimiento a las rendiciones continúa en manos de las áreas y autoridades universitarias correspondientes. La auditoría interna debe examinar y evaluar esos procedimientos, pero no reemplazar a quienes tienen a su cargo la gestión.
Además, los planes de trabajo deberán contemplar el seguimiento de observaciones y recomendaciones de los organismos de control, así como las acciones correctivas adoptadas por las universidades.
El plazo para presentar los planes de auditoría
La resolución establece que las unidades de auditoría interna deberán presentar sus proyectos de Plan Anual de Trabajo (PAT) para 2027 antes del 31 de octubre de este año. La carga se realizará a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (Sisac), de acuerdo con los procedimientos vigentes.
Los planes deberán detallar los objetivos, el alcance, los recursos, los cronogramas y los resultados previstos para cada proyecto. También deberán incluir actividades de supervisión del sistema de control interno y el seguimiento de las observaciones pendientes.
Las pautas prevén, a su vez, impulsar la puesta en funcionamiento o reactivación de los Comités de Control Interno, ámbitos de trabajo en los que participan las autoridades universitarias, las unidades de auditoría interna y la Sigen. Estos comités deberán reunirse ordinariamente al menos dos veces al año.
La discusión por la autonomía universitaria
En el documento, la Sigen sostiene que el régimen de control interno de la administración pública nacional es aplicable a las universidades nacionales en el marco de la Ley de Educación Superior, con respeto por su autonomía y autarquía.
Los lineamientos indican que las auditorías deben examinar los procesos de gestión y administración vinculados con las funciones universitarias, sin sustituir las decisiones de los órganos de gobierno ni evaluar el mérito académico o científico.
La resolución se publica en medio de las tensiones entre las universidades y el Ejecutivo por el financiamiento del sistema público. La comunidad universitaria reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios y mayores recursos para sostener las actividades académicas, la investigación y las becas.
En ese contexto, la nueva normativa establece las prioridades de control interno para 2027, pero no dispone por sí misma una intervención de las universidades ni modifica directamente el régimen de financiamiento universitario.