El Gobierno nacional dispuso un aumento del 1,9% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad correspondiente a octubre. La actualización alcanza a todas las modalidades del nomenclador y se calculó en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 1/2026 de la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos, dependiente del ministerio de Salud, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El anexo de la norma detalla los nuevos valores para servicios como centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, residencias, formación laboral y prestaciones de rehabilitación.
La actualización se conoce en medio de la discusión política por la emergencia en discapacidad, la continuidad del financiamiento de las prestaciones y las modificaciones que el Gobierno negocia en el Congreso. En ese contexto, el incremento mensual de los aranceles constituye una medida puntual y no implica, por sí mismo, cambios en el régimen de pensiones ni una definición sobre la continuidad de la emergencia.
Cuánto aumentan las prestaciones por discapacidad
El incremento establecido para octubre es del 1,9% para todas las categorías y modalidades, sin diferencias según el tipo de prestación. El porcentaje se aplica sobre los valores que habían sido actualizados para septiembre.
Entre los nuevos aranceles, un centro de día de jornada doble de categoría A pasa a tener un valor de $1.141.578,24, mientras que la jornada simple queda en $607.314,75. Para un centro educativo terapéutico de jornada doble de la misma categoría, el monto asciende a $1.282.346,30.
En la categoría única, el módulo de apoyo a la integración escolar queda en $784.674,41. La rehabilitación con internación, por su parte, alcanza los $6.095.819,63. El anexo también actualiza los valores de prestaciones como estimulación temprana, maestros de apoyo, transporte y alimentación.
La resolución mantiene, además, el adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, en concepto de zona desfavorable.
El aumento se produce en un momento de tensión por las políticas de discapacidad y las partidas destinadas a sostener las prestaciones. La discusión legislativa incluye la continuidad de la emergencia en discapacidad y el alcance de las medidas que impulsa el Ejecutivo para modificar aspectos del sistema.