La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue procesada este martes con prisión preventiva por encubrimiento a la Justicia, según dispuso el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.
La acción judicial alcanzó a los choferes que se encontraban con Sánchez en un galpón de Turdera, provincia de Buenos Aires.
No obstante, el magistrado les otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, tras un pedido de los abogados defensores. En ese allanamiento, la Policía secuestró 6 celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otras pertenencias.
Posteriormente, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de Sánchez. En la causa se investiga a la empresa de Ariel Vallejo -con estrechos vínculos con la AFA que lidera Claudio Tapia- por presunto lavado de dinero.
El juez federal de Quilmes había ordenado el pasado jueves 11 la detención de la tesorera de la financiera Sur Finanzas, Micaela Sánchez, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucraría a esa firma y alcanza a la AFA.
Tras un allanamiento en la localidad de Turdera, en Lomas de Zamora, se decidió registrar la casa de la tesorera y proceder con su detención, informaron fuentes judiciales. Posteriormente, Armella ordenó otros dos allanamientos en ese local y en la casa de Sánchez.
También se habían ordenado siete procedimientos en Capital Federal, sobre oficinas y sedes de empresas ligadas al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo.
En principio, dispuso 33 allanamientos que recayeron sobre el mundo del fútbol, al alcanzar la sede de la AFA, las oficinas de la Liga Profesional, y 18 clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.
Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.
El objetivo e las medidas consiste en recolectar material probatorio en las oficinas de la financiera de Vallejo, allegado al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.
La principal hipótesis de la investigación es que la empresa funcionó presuntamente como un mecanismo para blanquear fondos no declarados mediante acuerdos con instituciones deportivas que requerían auxilio financiero.