El gobierno de España promulgó la semana pasada un decreto que ofrece a cientos de miles de migrantes indocumentados una vía para salir del limbo legal, impulsando una medida que contrasta con la postura de muchos países que han endurecido sus políticas migratorias, entre ellos Argentina.
La decisión permitirá que las personas que ya viven en España de manera indocumentada soliciten permisos de residencia temporal. El gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez calificó la medida como crucial para España, un país donde la mano de obra migrante desempeña un papel clave en la agricultura, el turismo y otros sectores.
Elma Saiz Delgado, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dijo en una conferencia de prensa el martes pasado que la medida tendría un impacto la “convivencia, en el bienestar y también en la economía”.
Los partidos de la oposición criticaron de inmediato el decreto, y desde la extrema derecha prometieron impugnarlo ante los tribunales.
El anuncio llamó la atención dado el contexto en el que se inscribe, en el que muchos países comenzaron a adoptar mayores restricciones sobre sus fronteras: en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump está llevando a cabo una amplia y agresiva campaña para detener y deportar a millones de personas; el Reino Unido ha puesto en marcha normas más estrictas para los refugiados; Grecia impone ahora penas de prisión a los migrantes que se queden en el país tras ser rechazadas sus solicitudes de asilo; e Italia quiere retener a los solicitantes de asilo en Albania mientras se tramitan sus casos, incluso a pesar de la dura oposición legal.
España, en cambio, ha acogido a los inmigrantes, especialmente a los latinoamericanos que hablan el mismo idioma, comparten su religión y comprenden su cultura. Una postura que, según activistas, se ha extendido a muchos africanos.
Y el gobierno español ha externalizado el control migratorio, brindando equipos policiales, tecnología y capacitación a países como Marruecos y Mauritania para que sus autoridades devuelvan a los inmigrantes procedentes de África.
Aun así, el decreto se fundamenta en los intentos de España de presentarse como referencia para los inmigrantes.
“En el contexto internacional actual, donde los discursos antimigratorios han ido ganando fuerza, la decisión del gobierno en España abre la línea del contrapeso a esta tendencia”, dijo Cecilia Estrada Villaseñor, investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
España no publica cifras oficiales sobre el número de personas migrantes que viven en el país indocumentadas, pero estimaciones de instituciones como Funcas, un centro de estudios económicos, sugieren que la cifra podría oscilar entre medio millón y un millón. La población total de España es de casi 50 millones de personas
El alcance de la medida
En virtud del decreto, los inmigrantes indocumentados podrán obtener permisos temporales de residencia si pueden demostrar que llegaron a España antes de diciembre de 2025 y que han vivido en el país al menos cinco meses.
Quedarán excluidas las personas con antecedentes penales, y solo se aceptarán solicitudes entre abril y junio. Los permisos de residencia, que permiten trabajar en España, durarán un año y serán renovables.
El impulso para dar a los inmigrantes indocumentados una vía de residencia cobró fuerza durante la pandemia de covid-19, cuando muchos de ellos siguieron trabajando en condiciones precarias durante las cuarentenas de España.
Los líderes de la oposición se apresuraron a criticar la medida. Alberto Núñez Feijóo, jefe del conservador Partido Popular, acusó al gobierno de utilizar la medida para desviar la atención pública del accidente ferroviario mortal en el que murieron 45 personas este mes. Por su parte, el partido de extrema derecha Vox dijo que recurriría el decreto ante la Corte Suprema de España, acusando a Sánchez de “acelerar la invasión”.
España ha llevado a cabo ocho campañas a gran escala para legalizar a personas indocumentadas desde mediados de la década de 1980, tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas, y desde entonces han comprendido a por lo menos un millón de migrantes.