La Justicia confirmó que los videos con dólares de Jesica Cirio seguirán en la causa contra Martín Insaurralde. El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte rechazó los pedidos de nulidad presentados por la defensa de la conductora y resolvió que los siete videos en los que la mediática aparece recorriendo un vestidor con fajos de dólares continúen incorporados a la causa que investiga a la Cirio y a su exmarido, el exintendente de Lomas de Zamora, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La resolución constituye una de las primeras decisiones de Rodríguez Ponte desde que asumió al frente del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. El magistrado quedó formalmente a cargo del expediente la semana pasada, después de varios meses en los que el juzgado estuvo bajo la órbita del juez Luis Armella, quien se encontraba subrogando ese tribunal.
La defensa de Cirio había solicitado que las grabaciones fueran excluidas de la investigación.
El planteo se apoyó, entre otros argumentos, en las conclusiones de una pericia realizada por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que había advertido dificultades para determinar con certeza el origen, la fecha de creación y la integridad de los archivos.
Los abogados también cuestionaron los metadatos de los videos y la manera en que el material había llegado a los investigadores. Con esos argumentos, intentaron que las imágenes dejaran de ser consideradas evidencia dentro del expediente.
La fiscalía, en cambio, se había opuesto a la exclusión y sostuvo que no había fundamentos suficientes para apartar las grabaciones de la causa. Finalmente, el juez Rodríguez Ponte rechazó los planteos y permitió que los videos continúen siendo analizados como parte de la investigación.
Uno de los elementos que modificó el escenario en torno a las grabaciones fue una pericia realizada por la División Scopometría de la Policía Federal.
El estudio concluyó que el vestidor que aparece en los videos coincide con un sector de la vivienda que Insaurralde tenía en el country Fincas de San Vicente. De esta manera, quedó descartada la hipótesis de que las imágenes hubieran sido registradas en el departamento de Cirio ubicado en Las Cañitas.
La ubicación exacta del lugar había sido uno de los interrogantes durante las primeras etapas de la investigación. Según el informe policial, el espacio mostrado en las imágenes corresponde al pasillo general de la planta alta de la propiedad de San Vicente, donde Cirio e Insaurralde vivieron durante su matrimonio.
En las grabaciones se ve a Cirio recorriendo distintos sectores del vestidor. En las imágenes aparecen bolsas, cajones, estantes y una valija que contiene fajos de dólares. De acuerdo con estimaciones incorporadas al expediente, el dinero que se observa podría alcanzar una suma cercana a los US$10 millones.
Con la causa ahora a cargo de Rodríguez Ponte, otro de los puntos que deberá resolver el magistrado es el pedido de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco para que sean indagados Insaurralde y otras personas vinculadas con la investigación. Ese requerimiento había sido presentado originalmente en 2024 y después fue reiterado a partir de la aparición de los videos y de la incorporación de nuevos elementos al expediente.
La investigación sobre el patrimonio del exintendente ya había detectado diferencias entre sus ingresos y sus movimientos económicos.
Una pericia contable realizada por especialistas de la Corte Suprema determinó que Insaurralde declaró ingresos por $87.171.401 durante el período analizado, mientras que los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141. El informe también estableció un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 al comparar los ingresos, los gastos y las aplicaciones patrimoniales.
Con la confirmación pericial de que las imágenes corresponden a la propiedad de Fincas de San Vicente y el rechazo de los pedidos para anularlas, los siete videos continúan formando parte del expediente y se mantienen como uno de los elementos centrales de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.