En Argentina no se conoce cuántos niños son asesinados por sus propios padres. No existe una estadística nacional específica que registre los filicidios y permita seguirlos en tiempo real. Los casos aparecen, uno detrás de otro, en las noticias, en expedientes judiciales y en los registros de homicidios, pero no hay un número oficial que permita dimensionar el fenómeno mientras está ocurriendo. La ausencia de ese dato no es un detalle menor: si no se puede identificar con precisión cuántos casos hay, tampoco resulta sencillo establecer patrones, detectar situaciones de riesgo o diseñar políticas específicas de prevención. Y mientras una sucesión de casos recientes vuelve a poner el tema bajo la lupa, aparece una pregunta inevitable: ¿qué hay detrás de un filicidio y qué puede hacer el Estado antes de que ocurra?
Desde la Asociación Civil Morelli —una organización que trabaja en la defensa de los derechos de niños y adolescentes— aseguran que vienen observando un incremento de casos a partir del seguimiento de medios y de situaciones que llegan desde distintas provincias. Su referente, el Dr. Gustavo Mira, sostiene que los últimos tres meses y especialmente las últimas semanas, muestran una concentración de casos que merece atención.
En junio de este año, un padre de General Lagos provocó la muerte de sus dos hijos, de 4 y 10 años, y luego se suicidó. Los tres fueron encontrados muertos en una vivienda de esa localidad del sur santafesino. La investigación judicial determinó que el hombre habría preparado la escena para provocar la muerte de los niños mediante monóxido de carbono.
También en junio, el caso de Thiago Altamirano, un niño de dos años de Salta, volvió a poner el foco sobre las intervenciones previas a una muerte infantil ya que ingresó al sistema de salud con lesiones graves y murió posteriormente. La Justicia investiga a su madre y a la pareja de ella, mientras también se analizan las actuaciones estatales previas al fallecimiento.
En agosto se conocieron otros casos. En San Justo, Santa Fe, Izán Aguirre, de seis años, murió por asfixia y su madre permanece detenida mientras avanza la investigación. La autopsia determinó que se trató de una muerte violenta. En Rafael Calzada, Néstor Rubén Godoy quedó detenido después de presentarse ante la Policía y confesar el asesinato de su hijo Nahuel, de 12 años, quien tenía autismo. Y en Tucumán, Oscar Mauricio Sosa mató a su hijo de ocho años, que tenía autismo severo, y luego se quitó la vida. El hombre dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión.
Son algunos de los casos recientes de una extensa lista donde las infancias pagan el precio más alto de la violencia. Una violencia que, según advierten desde la Asociación Morelli, no necesariamente comienza con la muerte. “Vemos que siempre hay episodios de violencia doméstica”, señaló Mira en diálogo con Rosario3.
La violencia antes de la muerte
Desde vecinos que ven y escuchan hasta docentes, pediatras, servicios de protección, Policía y Justicia: en una situación de violencia contra un niño pueden intervenir numerosos actores. La pregunta es qué ocurre cuando esas intervenciones no alcanzan para evitar que la violencia escale.
Mira sostiene que, en los casos que siguen desde la Asociación, aparecen con frecuencia situaciones de abandono, violencia doméstica, consumo problemático y problemas vinculados a la salud mental. También menciona contextos de vulnerabilidad social. “Siempre pasa lo mismo: hay situaciones de abandono, los vecinos saben, los vecinos escuchan, los vecinos denuncian”, sostuvo.
Según su relato, en algunos casos la Policía concurre al domicilio y los organismos de protección intervienen; en otros, la situación es monitoreada pero los niños regresan nuevamente en el mismo entorno familiar. “Muchas veces pasa que rescatan a los niños de esos hogares, se hace un monitoreo y quince días después dejan los chicos ahí de nuevo”, afirmó.
Para la Asociación, allí aparece uno de los principales problemas: la evaluación del riesgo después de que una situación ya fue detectada. “El sensor que detecta estos casos de violencia contra las infancias está. Lo que hay que hacer es ajustar ese sensor para que sea más sensible”, explicó Mira.
La organización plantea que determinadas señales —denuncias de vecinos, situaciones de abandono, informes socioambientales desfavorables, advertencias de las escuelas o antecedentes de violencia— deberían ser evaluadas de manera conjunta y no como hechos aislados. El planteo abre una pregunta central para la prevención: ¿cuándo una señal de alarma alcanza para considerar que un niño está frente a un riesgo grave y quién debe tomar esa decisión?
Cuando la cadena de protección se rompe
Para Mira, el problema no está solamente en detectar una situación de violencia, sino en lo que sucede después. “La cadena de protección sobre las infancias en estos casos no falla en la detección, pero sí falla en la evaluación de riesgo o en las decisiones judiciales”, sostuvo.
Según su mirada, una de las dificultades está en la coordinación entre los distintos organismos que intervienen: servicios de protección de derechos, Policía, equipos técnicos y Justicia. Cada organismo puede tener una parte de la información, pero el desafío consiste en construir una evaluación integral de la situación familiar y determinar qué nivel de riesgo existe para el niño.
A esto se suma, según la Asociación, la falta de recursos para realizar intervenciones de manera inmediata. “Las herramientas están, lo que faltan son por ahí recursos económicos”, afirmó Mira.
Entre las herramientas disponibles mencionó las visitas domiciliarias, las entrevistas y la intervención de equipos técnicos. El problema, sostiene, es que en algunos lugares los organismos de niñez no cuentan con personal suficiente o incluso con recursos para trasladarse hasta los hogares donde deben intervenir. “La medida que no se está aplicando tiene que ver con dotar de mayores recursos de prevención a los organismos del Estado”, planteó.
¿Cuándo hay que separar a un niño de su hogar?
La discusión sobre la prevención de los filicidios lleva necesariamente a una cuestión compleja: qué hacer cuando existe un riesgo grave dentro del propio hogar. Desde la Asociación Morelli consideran que, frente a determinadas situaciones, la protección debe implicar separar provisoriamente al niño del entorno en el que se encuentra.
Las alternativas pueden ser el cuidado por parte del otro progenitor, cuando se determine que es apto, familiares o, en última instancia, una institución. Se trata, sin embargo, de una medida extrema. Separar a un niño de su familia también constituye una intervención profunda sobre su vida y requiere una evaluación rigurosa de las circunstancias.
Por eso, la discusión vuelve al mismo punto: qué elementos deben ser considerados suficientes para determinar que un niño no está seguro en su propio hogar.
El otro debate: los padres alejados
En este punto aparece uno de los planteos centrales de la Asociación: las situaciones en las que uno de los progenitores queda alejado de sus hijos por medidas judiciales adoptadas en medio de conflictos familiares. Mira sostiene que existen casos en los que un padre o una madre que podría constituir una red de protección queda impedido de mantener contacto con sus hijos durante períodos prolongados.
“Cuando un niño o niña tiene dos papás que se preocupan por él, el impedimento de contacto le roba al niño el 50% de la protección genuina que tiene”, sostuvo. La afirmación forma parte de una de las hipótesis que plantea la organización y aparece vinculada a casos concretos que sigue en distintas provincias.
Entre ellos menciona el caso de Agostina, en Córdoba, y el de Juliano Giménez, en Tucumán. En ambos, sostiene, existieron conflictos entre los progenitores y advertencias de uno de ellos respecto de las condiciones de cuidado.
Pero este punto requiere una distinción fundamental: una restricción de contacto también puede ser una herramienta necesaria para proteger a un niño frente a una persona violenta. El desafío está, entonces, en determinar cuándo esa medida protege efectivamente y cuándo puede prolongarse sin una evaluación suficiente del riesgo.
Desde la Asociación cuestionan especialmente las restricciones que se renuevan durante largos períodos sin una resolución de fondo y proponen alternativas como tratamientos terapéuticos, coordinación parental o mecanismos de revinculación cuando no exista un riesgo que lo impida.
El límite de las denuncias
El planteo de la Asociación también alcanza a las denuncias realizadas durante conflictos familiares, particularmente aquellas que derivan en restricciones de contacto. Mira sostiene que existen situaciones en las que una denuncia puede utilizarse para mantener alejado a un progenitor. Sin embargo, también reconoce que una denuncia que fue archivada o que no pudo ser probada no puede ser considerada técnicamente falsa sin una resolución judicial que así lo determine.
Desde la organización mencionan entre sus principales preocupaciones las denuncias que consideran inconsistentes y sostienen que cuentan con aproximadamente una decena de casos documentados que, según su análisis, podrían encuadrarse en esa situación. El tema abre otro debate: cómo garantizar que las denuncias verdaderas sean investigadas y, al mismo tiempo, evitar que el sistema judicial sea utilizado para prolongar conflictos familiares.
¿Qué debería hacer el Estado?
Más allá de las responsabilidades individuales que puedan establecerse en cada causa, los casos vuelven a plantear una pregunta sobre la capacidad estatal para intervenir antes de una tragedia. La Asociación propone fortalecer los organismos de protección de derechos, aumentar los recursos para realizar visitas e intervenciones, mejorar la coordinación entre las distintas áreas y establecer mecanismos que permitan evaluar con mayor sensibilidad las situaciones de riesgo.
Pero hay un problema previo: Argentina ni siquiera cuenta con un registro específico que permita saber, en tiempo real, cuántos filicidios ocurren. Sin ese dato, cada caso aparece como un expediente individual. Un niño, una familia, una causa judicial, una intervención.
Reconstruir esas historias permite mirar algo que las estadísticas generales no muestran: qué ocurrió antes de la muerte, qué instituciones intervinieron, qué medidas se tomaron y qué decisiones se adoptaron frente a las señales de riesgo. Porque prevenir un filicidio no significa adivinar quién puede matar a un niño. Significa contar con un sistema capaz de detectar, evaluar y actuar a tiempo cuando una infancia está en peligro.