Finalmente, el juez del concurso preventivo de Cereales del Sur (CDS), Nicolás Villanueva, rechazó este martes el pedido para suspender la subasta del avión Cessna 402 A que impulsa el gobierno provincial y que la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (Aprad) podrá realizar el 16 de abril. Ahora, como se mantiene el embargo del avión, para que se pueda transferir la titularidad deberá la Justicia penal quitarle la confiscación, una decisión que, advirtió el magistrado, tiene efectos en la convocatoria.
La resolución judicial vino a aclarar el panorama luego de que el lunes el mismo magistrado le notificara al gobierno provincial que todos los bienes de la empresa están inhibidos de manera general, dato que para la defensa del detenido agente de Bolsa Daniel Casanovas y titular de CDS ponía en duda la realización de la subasta, ya que, al estar inhibidos, no puede transferirse su propiedad.
Al tratarse de un tema de importancia estratégica para el gobierno provincial, la resolución de Villanueva ameritaba las precisiones que aparecieron en la resolución de este mediodía del magistrado.
En concreto, el juez señaló este martes que no había pruebas suficientes ni condiciones para dictar una medida urgente que interfiera con una decisión de otro fuero dejando en claro que rechazaba el pedido de que se exigiera la suspensión de la subasta.
Además, dejó una advertencia central: recordó al juez penal y a la APRAD que la empresa tiene una inhibición general de bienes vigente, lo que impide avanzar libremente con la transferencia del avión.
El magistrado también puso el foco en las consecuencias que podría tener el caso si la empresa termina en quiebra.
En ese escenario, la aeronave podría ser secuestrada y la operación de subasta quedar alcanzada por responsabilidades legales para quienes hayan intervenido, conforme a lo previsto en la ley concursal. No se trata ese de un tema menor, ya que hay un pedido de CDS de su propia quiebra y cuatro pedidos de quiebra por acreedores concursales con fundamento en el incumplimiento del acuerdo preventivo.
Por eso, Villanueva ordenó comunicar formalmente esta situación a las autoridades penales y a la Aprad, buscando evitar conflictos y resguardar los derechos de los acreedores.
En síntesis, la subasta no fue frenada porque, para el juez, el pedido no contó con elementos suficientes para hacer lugar al pedido de CDS, pero quedó bajo una advertencia clara: le recuerda al juez que existe la inhibición general de bienes (o sea, que la aeronave no puede ser transferida al eventual comprador) y que si la empresa quiebra, tienen una responsabilidad patrimonial que surge de la propia ley concursal.
¿Cómo sigue la historia?
La Justicia penal deberá definir si le quita la inhibición a la aeronave, sabiendo las consecuencias legales que esto podría tener para el concurso.
En materia penal, el juez penal Alejandro Negroni concedió hoy la apelación a su resolución de la semana pasada, que –en el fuero penal– significó el rechazo al pedido de que no se haga la subasta, aunque en el escrito no se aclara si es con efecto suspensivo o devolutivo.
“Correspondería suponer que hasta tanto lo resuelva la Cámara, no está habilitada la subasta”, insiste el abogado defensor de Casanovas, Emiliano Díaz. Por el contrario, para el gobierno ya quedó el camino despejado para realizar la subasta del avión el próximo 16 de abril.
Como sea, los que pierden son las víctimas de Casanovas y los acreedores de Cereales del Sur porque lo recaudado no irá a ellos, sino que se girará al Tesoro de la Provincia que recién les girará los fondos cuando haya sentencia firme (penal o civil) a una tasa de interés (pasiva del Banco Nación) que no cubre de la inflación, pero además luego de hacer un descuento del 20% del precio rematado por gastos de remate más todos los gastos de acarreo y custodia.