El abogado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Pablo Manili, aseguró este miércoles que la intimación judicial que ordena al gobierno cumplir con la ley de financiamiento universitario no es apelable y advirtió sobre las consecuencias penales de no acatar la medida. En medio de una jornada de paro no docente que afecta a las facultades rosarinas, el letrado recomendó a los trabajadores iniciar demandas individuales para reclamar el cobro de los retroactivos salariales adeudados.
En diálogo con el programa De boca en boca, de Radio 2, el abogado se refirió a la decisión del Poder Judicial que intimó al Estado a cumplir en cinco días con la medida cautelar sobre la norma aprobada por el Congreso. Al respecto, sostuvo que se trata de una situación sin precedentes y que la gestión nacional no tiene margen legal. “Entiendo que no es apelable la resolución, por más que el gobierno la apele. La Justicia debería rechazar esta apelación y el gobierno va a tener que cumplir la cautelar”, explicó.
Al mismo tiempo, Manili aprovechó para dirigirse a los empleados de las casas de estudios públicas. “Yo recomendaría a cada uno de los docentes, no docentes e investigadores de las universidades públicas, que pueden iniciar una demanda por el retroactivo”, indicó, y aclaró que el amparo colectivo impulsado por el CIN reclama el cumplimiento de la ley, pero cada trabajador debe exigir la deuda de su propio salario.
Desfasaje salarial y multas
En cuanto a los argumentos oficiales sobre el supuesto cumplimiento de la cautelar a través de un aumento del 3 por ciento liquidado, el letrado fue contundente: "Esto es absolutamente falso". Detalló que ese porcentaje recién debería abonarse el 1º de octubre y que, en realidad, los sueldos arrastran "un desfasaje de por lo menos el 31,5 por ciento" desde principios de 2024.
Finalmente, el abogado advirtió que si el Ejecutivo mantiene su postura, se incurriría en el delito de desobediencia. "Este capricho del presidente de no querer cumplir con la ley de financiamiento universitario, le va a terminar saliendo más caro a todos los argentinos", concluyó, en referencia a las multas económicas diarias que impone la Justicia ante el incumplimiento y que recaen sobre las arcas del Estado.