El fiscal provincial Franco Carbone, a cargo de la unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, defendió este miércoles su postulación ante el Senado tras la elevación de su pliego para ser designado juez federal de Garantías de Rosario. En su alocución, repasó su trayectoria, fundamentalmente su paso por unidades clave en la lucha contra el crimen organizado, y enfatizó la necesidad de sostener una política criminal estratégica. Destacó que “el 60 por ciento de los homicidios y hechos más violentos” en la provincia ocurren por las disputas vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

Al fundamentar sus motivos para acceder a la magistratura federal, Carbone recordó los escenarios de extrema violencia que le tocó investigar desde que se conformó un espacio institucional para perseguir este tipo de delitos en 2022, como fue la unidad fiscal de Balaceras, un área que definió como única en el país. "Eso se debe a una coyuntura especial que estábamos atravesando en Rosario", explicó.

En esa línea, rememoró cómo los grupos criminales utilizaban la violencia armada como un método de comunicación e intimidación en el territorio. "Se baleaba desde la verdulería de cualquier vecino de a pie en un barrio de nuestra ciudad, hasta amenazas precedidas de balaceras a las máximas autoridades políticas de nuestra provincia. Pasando por escuelas, instituciones, sindicatos", enumeró el fiscal. Incluso, detalló que le tocó investigar los ataques perpetrados contra los domicilios de "los dos jugadores campeones del mundo" nacidos en Rosario.

Carbone subrayó la importancia de que Santa Fe haya adherido a la ley de desfederalización en la persecución a la comercialización de estupefacientes, que ocurrió en diciembre de 2023, momento en el que fue designado como jefe de la unidad fiscal de Microtráfico.

Sobre el rol que tuvo como responsable de esa unidad especializada en la venta minorista de droga, detalló la magnitud de la estructura que coordina, señalando que actualmente tiene a 13 fiscales que dependen directamente de su jefatura, pero que además articula el trabajo de unos 240 profesionales distribuidos a lo largo y ancho del territorio santafesino.

"Esto me permite conducir equipos de trabajo respetando siempre la idiosincrasia de una provincia tan disímil como Santa Fe, pero aunando criterios y transversalizando la política criminal estratégica e inteligente que intentamos dar", sostuvo el funcionario judicial ante los senadores presentes en la audiencia.

Como uno de los resultados más visibles de esta gestión coordinada, el fiscal destacó que ya lograron el "derribo de 157 búnkeres" desde la implementación de la nueva normativa. Esta medida, aseguró, se toma teniendo "plena conciencia de que el microtráfico de estupefacientes es la causa del 60 por ciento de los homicidios y hechos más violentos de nuestra provincia en la actualidad".

También dedicó palabras a la grave crisis de seguridad pública que atravesó Rosario en marzo de 2024, cuando fueron asesinados los taxistas Héctor Figueroa, Raúl Celentano, el colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich. "Formo parte del equipo de trabajo de fiscales que investigó. La causa fue elevada a juicio oral y público y hemos individualizado desde el primero de los ejecutores hasta el último de los ideólogos", concluyó.
 

Más jueces federales para Santa Fe
 

En la comisión de Acuerdos del Senado además se analizan los pliegos propuestos por el Ejecutivo nacional para designar jueces en San Lorenzo, Rafaela, Venado Tuerto y Santa Fe.

Ante los senadores expusieron también Emiliano Pedro Méndez Ortiz, propuesto como juez penal federal del Juzgado Federal de Garantías con asiento en la ciudad de San Lorenzo, Vanesa Natalia Druetta para Santa Fe, Guido Yercovich para Rafaela y Mariano Javier Camblong para Venado Tuerto.