El debate por el paquete de reformas en materia de seguridad pública impulsado por el gobierno provincial comenzó a dar sus primeros pasos formales en la Legislatura de Santa Fe, dejando en evidencia un marcado contrapunto entre los poderes del Estado. Durante un plenario de las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales en la cámara baja, los diputados recibieron a representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa y la Corte Suprema de Justicia, que asistió de forma presencial con sus siete miembros. Mientras el Ejecutivo busca herramientas más duras para agilizar la actuación policial, las máximas autoridades judiciales advirtieron sobre los riesgos inconstitucionales de ceder tantas facultades a las fuerzas de calle.
Según detallaron en Radiópolis (Radio 2), el mensaje enviado por el gobierno de Maximiliano Pullaro implica la modificación de un "paquetón de leyes" provinciales. Entre los puntos más controversiales que se discuten por estos días en la capital santafesina figuran la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial, la toma de declaraciones sin la presencia inmediata de abogados defensores, cambios en la ley de inteligencia y una reestructuración en el sistema de recompensas para que operen sin necesidad de un pedido de los fiscales.
Al finalizar el primer encuentro interinstitucional, la diputada y presidenta de la comisión, Lionela Catalini, valoró la predisposición de las partes. "La verdad que fue una buena reunión, en términos muy respetuosos, todos abogando por la calidad institucional de la provincia y por defender la Constitución", señaló la legisladora, aunque reconoció que hubo requerimientos concretos: "Tuvimos algunos planteos en ese sentido de que hay que adecuar algunas oraciones, algunos párrafos a la normativa internacional fundamentalmente y a la norma vigente en la provincia de Santa Fe".
La postura y las advertencias de la Corte Suprema
El nudo de la disputa jurídica gira en torno al otorgamiento de mayores libertades procesales a los agentes de seguridad. El ministro de la Corte Suprema, Daniel Erbetta, fue tajante al defender las garantías del sistema acusatorio y el rol ineludible de los jueces. "A ellos (los fiscales) les corresponde la investigación y persecución de los delitos, pero todo lo que tiene que ver con restricciones de derechos fundamentales requieren de un control jurisdiccional", explicó el magistrado.
En esa misma línea, expuso el choque entre las modificaciones propuestas y la carta magna: "Lo que vemos en el proyecto es que hay una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales a los propios fiscales que entran en conflicto con estas normas constitucionales y con en general los estándares internacionales".
Estadísticas, prevención y consensos
Además de las observaciones constitucionales, Erbetta cuestionó la oportunidad y la urgencia de aplicar esta reforma extrema, argumentando que los índices actuales ya demuestran eficacia. "Hoy la situación de la seguridad ha mejorado notablemente. Además, ha existido una articulación entre los distintos niveles del Estado. Yo di un dato muy contundente, desde que está vigente el sistema acusatorio se triplicó la tasa de encierro", aseveró el ministro, postura que fue respaldada por su par Roberto Falistocco al exigir que las leyes se sustenten en estadísticas claras.
A pesar de las marcadas disidencias respecto al control policial, la diputada Catalini remarcó que existen ejes del proyecto en los que las tres instituciones judiciales manifestaron su aval.
El consenso más notorio se aglutinó en torno al programa específico para intervenir los mercados ilícitos de celulares robados y en las modificaciones de la ley de defensa, vinculadas a la creación de un cuerpo especial para asistir a policías involucrados en hechos violentos. La discusión legislativa continuará en las próximas semanas, y todo indica que el texto sufrirá modificaciones estructurales antes de su eventual aprobación.
Los próximos pasos
Las comisiones de Seguridad Pública que preside Martín Rosúa (UCR) y de Asuntos Constitucionales a cargo de Lionella Cattalini (PS) volverán a tener un plenario en los próximos días, informó El Litoral, y citarán a los colegios de abogados de la provincia, asociaciones de víctimas, abogados penalistas para analizar estos temas.
Luego, ya en noviembre será el momento de buscar el acuerdo interno entre los bloques de Unidos para llevar el tema al recinto.