Un llamado a Bomberos por un incendio domiciliario en la ciudad de Santa Fe expuso las condiciones deplorables en las que un grupo de adultos mayores en situación de vulnerabilidad subsistía en una suerte de residencia de mala muerte. El inmueble, ubicado en el sector norte de la capital provincial, carecía de las instalaciones necesarias para el cuidado de personas mayores. Además, varios testimonios señalaron que la comida escaseaba y que el encargado del lugar administraba las pensiones de los residentes.
El incendio, ocurrido este miércoles en un inmueble de José Gollán al 10.100, en el barrio Nuevo Horizonte, puso bajo la lupa un establecimiento donde convivían personas en situación de vulnerabilidad en condiciones que ahora son investigadas por la Fiscalía y los organismos de control.
Fuentes del municipio de Santa Fe confirmaron que el lugar no contaba con habilitación como hogar de tránsito, residencia asistencial ni geriátrico. A su vez, los testimonios de los propios residentes describieron un escenario de abandono, hambre, encierro y presuntas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento.
Según publicó el diario UNO, el fuego se originó en un colchón dentro de una de las habitaciones. Durante el operativo de Bomberos Zapadores, la Policía y el personal de emergencias, uno de los residentes sorprendió al admitir que había provocado el incendio.
Héctor, de 63 años, aseguró que tomó esa decisión porque ya no encontraba otra forma de hacer visible la situación que atravesaban. "Para llamar la atención, que venga algo. Porque si no, acá íbamos a morir todos", relató.
Según su testimonio, había sido derivado al lugar desde el Hospital Iturraspe por una asistente social, quien le prometió mejores condiciones de vida. "Me dijo que acá iba a estar bien, que me iban a tratar bien, que tenía para bañarme, que tenía para todo, y nunca tuve nada", afirmó.
El hombre, que sufrió la amputación de ambas piernas a raíz de complicaciones derivadas de la diabetes, dijo que permanecía allí desde hacía cinco meses. "Me encerraron y no me dejaron salir nunca más", sostuvo.
Héctor también denunció que los residentes atravesaban una situación extrema. "Hace cuatro días que no comemos. Si no hay yerba, no hay azúcar, no hay nada", comentó.
Además, describió las condiciones en las que vivían algunos de los alojados. "Hay gente que duerme en el suelo. Tiene 80 años y duerme en el suelo. Hay gente discapacitada. Hay gente que está ciega. No se puede vivir así. Esto es un horror", expresó.
Otro de los residentes, Miguel Ángel, contó que llegó al lugar tras haber permanecido internado por una neumonía y aseguró que pagaba cerca de 300.000 pesos mensuales por alojarse allí.
También cuestionó la alimentación que recibían. "La comida era medio salteada", indicó. Además, afirmó que el encargado administraba el cobro de su jubilación mediante la tarjeta bancaria.
Durante el procedimiento, la Policía aguardó la llegada de la propietaria del inmueble, domiciliada en Santo Tomé, para que presentara la documentación correspondiente, mientras los investigadores comenzaron a tomar declaración a cada uno de los residentes. La mujer nunca llegó. Según trascendió, en 2025 había sido imputada por una presunta maniobra de estafas mediante la retención de tarjetas bancarias y documentación de ancianos alojados en otros establecimientos que también funcionaban de manera irregular.
Sin habilitación
Uno de los trabajadores reconoció que el establecimiento no estaba habilitado. "No está habilitado, nada más", respondió al ser consultado.
El hombre explicó que su función era cuidar a los residentes. "Los cuido, los baño, les cocino, les doy de comer y mantengo la casa", afirmó. También señaló que había otros empleados y un encargado general, quien administraba el funcionamiento cotidiano y acompañaba a los residentes en distintos trámites.
Según indicó, en el establecimiento trabajaban entre ocho y nueve personas y el encargado era quien gestionaba las pensiones y acompañaba a los residentes a realizar diversos trámites.
La causa, a cargo del fiscal Manuel Cechini, investiga los presuntos delitos de abandono de persona, estafas por retención indebida y otros hechos que podrían incorporarse a medida que avance la pesquisa.
Mientras continúa la búsqueda de la propietaria, la investigación derivó en la demora de un hombre de 45 años, quien se presentó ante los investigadores como encargado del lugar.