La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción judicial para frenar la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que la norma implica “una afectación grave de derechos colectivos e individuales” de los trabajadores, mediante escritos que presentó ante el fuero Laboral y ante el Contencioso Administrativo.
La central sindical sostiene que el proyecto vulnera garantías constitucionales y principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, en el marco de una jornada agitada, sumaron su respaldo a reclamos docentes, que realizaron un paro nacional por aumentos salariales.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT.
Sola (Seguros), junto a los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), presentaron su reclamo pese a que la norma aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.
La presentación fue realizada ante la Justicia laboral con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la reforma aprobada por el Congreso. Desde la conducción de la central obrera afirmaron que la iniciativa oficial representa un retroceso en materia de derechos laborales y contradice el principio de progresividad que rige en la legislación del trabajo.
En un comunicado, la CGT cuestionó lo que calificó como una “mal llamada modernización” del sistema laboral y alertó que los cambios propuestos implican un retroceso en conquistas históricas del movimiento obrero. Según el documento, las modificaciones afectan tanto derechos individuales como colectivos garantizados por la Constitución, en particular los vinculados al artículo 14 bis.
La central sindical también anticipó que continuará con su estrategia judicial y política para frenar la implementación de la reforma. Afirman que vulnera "el principio de progresividad (o no regresividad) y el principio protectorio del derecho del trabajo, ambos con fundamentos constitucionales e internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica".
“Aquí se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems”, agrega el comunicado.
Dentro de la CGT conviven distintas miradas sobre el alcance del conflicto. Mientras algunos sectores impulsan profundizar el plan de lucha con nuevas medidas de fuerza, otros promueven concentrar la disputa en el terreno institucional, cuestionando la constitucionalidad de artículos vinculados al régimen indemnizatorio, la reducción de la litigiosidad y la modificación de condiciones laborales que, según sostienen, vulneran derechos adquiridos y principios de protección del trabajo.