En un movimiento que busca "blindar" la transparencia del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia presentó un proyecto para reformar integralmente el sistema de selección de jueces federales y nacionales. Según consigna La Nación, la propuesta fue elevada al Consejo de la Magistratura y lleva las firmas de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, junto al conjuez Luis Clerici. La gran novedad política es la ausencia del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, quien no suscribió el documento, exponiendo una nueva grieta interna en la cúpula judicial sobre el control de los concursos.
El núcleo de la reforma propone sustituir la valoración subjetiva por una lógica de evaluación técnica y automatizada. De acuerdo con lo publicado por Infobae, el plan establece la implementación de un "doble examen" con anonimato reforzado: una primera instancia de selección múltiple con corrección automática que funcionará como filtro, y una segunda etapa práctica de redacción de sentencias. Además, se instauran los "concursos anticipados" como regla general para evitar que las designaciones queden sujetas a los tiempos y necesidades del poder político de turno cuando se produce una vacante.
La iniciativa busca limitar la discrecionalidad en el armado de las ternas por parte de la política, un punto crítico que suele generar fuertes roces entre el oficialismo y la oposición. El proyecto también incorpora criterios de equidad social que otorgan puntajes adicionales a postulantes con discapacidad o a quienes hayan tenido que interrumpir su carrera por tareas de cuidado de familiares con enfermedades graves o por licencias de maternidad y paternidad. De esta manera, se intenta equilibrar el mérito académico con las realidades personales de los concursantes.
Este planteo de la Corte llega en un momento de alta presión sobre el sistema judicial. Mientras el máximo tribunal busca cambiar las reglas de juego, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya inició una estrategia para cubrir más de 200 vacantes pendientes en juzgados y fiscalías de todo el país. La implementación de este nuevo reglamento dependerá ahora del Consejo de la Magistratura, donde se requieren mayorías agravadas para su aprobación definitiva, en un escenario de fuerzas atomizadas entre el gobierno y los sectores técnicos.