La administración Trump no mira a Cuba con nostalgia ideológica: la mira con cálculo. La isla volvió a convertirse, para Estados Unidos, en una combinación de tres cosas que la política norteamericana entiende de memoria: un símbolo doméstico rentable, un factor de seguridad regional y un terreno ideal para demostrar “mano dura” sin pagar el costo de una guerra real.
En ese marco, las señales recientes –protocolos activados en embajadas, repliegue de personal extranjero por parte de empresas como Unilever, advertencias consulares y una escalada discursiva ya sin eufemismos– no se leen como episodios aislados, sino como parte de una arquitectura de presión: la preparación preventiva ante un posible shock político y social. Al mismo tiempo, estos factores empujan la narrativa global hacia un escenario que vuelve aceptables medidas más agresivas.
Para la Casa Blanca, Cuba ofrece una ventaja estratégica clave: es un adversario debilitado. No requiere una intervención clásica, no exige movilización militar a gran escala y, sin embargo, permite proyectar poder. Además, Trump tiene un incentivo adicional en su narrativa, Cuba funciona como demostración moral y como herramienta electoral. La dureza hacia La Habana no es solo política exterior sino que es política interna con bandera. Cada anuncio se exporta hacia el Caribe, pero se cobra en Florida.
La decisión de amenazar con aranceles a países que abastezcan de petróleo a Cuba es una operación de estrangulamiento indirecto. Un mensaje para terceros: “no es Cuba el problema, el problema es cualquiera que la sostenga”. Ese giro es especialmente relevante porque desplaza el conflicto desde el bilateralismo hacia el castigo ejemplificador. No busca solo dañar al régimen cubano: busca encarecer cualquier gesto de ayuda, volverlo políticamente y financieramente tóxico, y cerrar el margen de maniobra de actores regionales que antes operaban en zona gris.
Es una lógica cada vez más utilizada de sanciones. No se limita al enemigo, penaliza al intermediario. Y ese mecanismo, en un contexto de colapso energético, es un golpe al sistema nervioso. Sin combustible, Cuba no cae solo económicamente: cae logísticamente. Se apaga el país real, no el país del discurso. El tiempo juega en contra. Datos citados por Financial Times, basados en Kpler, estiman que Cuba tendría combustible para apenas 15 a 20 días.
En ese marco, el combustible deja de ser un recurso económico para convertirse en una variable política: lo que se agota no es solo la energía, sino el margen de control.
En Washington se entiende algo que La Habana intenta disimular: Cuba está cerca de un umbral donde la crisis deja de ser administrable. Es el momento en que los apagones se convierten en parálisis, la parálisis en furia, la furia en represión y la represión en evento internacional. En esa secuencia, el gobierno norteamericano no necesita disparar un tiro para ganar el encuadre: basta con ocupar el relato y controlar el cerco.
La intervención, si ocurre, probablemente no se parecerá a una invasión. Se parecerá a una mezcla de asfixia financiera, aislamiento diplomático y “operaciones humanitarias” como coartada, con protocolos listos para proteger personal, evacuar ciudadanos y justificar acciones puntuales. Es intervención sin épica, con el Tesoro y no con el Pentágono: costo bajo, rendimiento alto.
El comportamiento de embajadas y compañías funciona como termómetro de ese cálculo. Cuando actores que no hacen política, sino gestión de riesgo, deciden aprovisionarse o replantear presencia, no lo hacen por paranoia: lo hacen porque el deterioro ya se percibe como potencialmente discontinuo. En otras palabras: no temen “una mala semana”, temen “un quiebre”. Y ese miedo, en geopolítica, se contagia.
El presidente Díaz-Canel responde como un gobierno que no tiene salida económica, pero sí guion histórico. La marcha antiimperialista que ocurrió esta semana cumplió una función inmediata: disciplinar, encuadrar, cerrar filas. Frente a un país exhausto, el régimen vuelve al combustible simbólico: el enemigo externo como explicación universal. Es el recurso más antiguo del poder en crisis: si no puede prometer prosperidad, promete resistencia.
El problema es que la épica no enfría heladeras, no enciende ventiladores y no hace funcionar hospitales. Además, la protesta cumple un objetivo secundario: reinstalar el marco de agresión para condicionar futuras acciones norteamericanas. Si Washington aprieta, La Habana puede decir “lo advertimos”. Si no aprieta, el gobierno puede decir “los hicimos retroceder”. Es propaganda de suma positiva. Un libreto viejo pero funcional, aunque cada vez con menos efecto.
En este tablero, la región no aparece como protagonista sino como terreno de disputa y víctima colateral. Descartada Venezuela, ahora es México quien queda en el centro del dilema por su rol como proveedor energético y por su tradición diplomática de no alineamiento automático. Mientras que América Latina, en general, enfrenta la misma limitación de siempre: tiene discurso, pero no palancas. Puede condenar sanciones o pedir diálogo, pero carece de capacidad real para modificar el rumbo si Washington decide apretar en serio.
En tanto, Europa se mueve con instinto burocrático: proteger nacionales, reducir exposición, evitar quedar atrapada en una crisis sin control. Aunque lo más crítico es que cualquier gesto de ayuda a Cuba pasa a tener precio. La señal de la administración Trump es inequívoca: quien sostenga al regimen que lidera Díaz Canel, paga.
En el fondo, lo que está volviendo no es la Guerra Fría, sino su lógica instrumental: Cuba como escenario útil. Si Trump logra llevar a la isla al borde del colapso sin cargar con el costo humanitario directo, habrá construido una victoria narrativa perfecta: habrá demostrado fuerza, habrá castigado a un enemigo simbólico, habrá advertido a terceros y habrá ordenado el Caribe bajo su propia lógica.
Si en cambio el régimen cubano sobrevive, igual se habrá logrado algo: su dependencia será mayor, su margen será menor y su crisis servirá como recordatorio regional de que desafiar el perímetro estratégico de Estados Unidos vuelve a ser caro.
Por eso, la pregunta central no es si habrá intervención, sino qué tipo de intervención ya está ocurriendo. Y la respuesta es incómoda: cuando un país es llevado al límite por sanciones diseñadas para colapsar su funcionamiento básico, cuando empresas evacúan, embajadas se preparan y el gobierno local se atrinchera en movilización ideológica, la intervención deja de ser un evento futuro. Empieza a ser un proceso en curso.
Y en ese proceso, Washington no busca necesariamente gobernar Cuba, sino algo más simple y más eficaz: decidir el ritmo de su asfixia, para que el desenlace –sea fractura, negociación o implosión– ocurra en condiciones favorables para sí mismo y pedagógicas para el resto de la región.