Que Santa Fe sea la única provincia argentina sin una ley de educación propia no significa que no cuente con un sistema educativo ni que funcione peor que otros. Sí marca una verdad incómoda: nunca logró construir un consenso político suficientemente amplio para plasmar en una norma qué educación quiere para sí misma. Y eso, después de casi treinta años de vigencia de la Ley Federal primero y de la Ley Nacional después, resulta llamativo.
Para intentar dejar atrás esa deuda histórica, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la creación de una comisión que llevará a cabo un proceso de participación ciudadana a lo largo y ancho de todo el territorio provincial, organizando foros y mesas de diálogo que permitan obtener diversas miradas de todos los integrantes del universo escolar: docentes, familias, alumnos y especialistas.
La intención, si prospera en Cámara de Senadores, es que esa comisión (integrada por las comisiones de Educación de ambas cámaras y por representantes del Poder Ejecutivo) se tome diez meses para elaborar una especie de dictamen que sirva de alimento, junto a los proyectos que ya se han presentado en los últimos años y no pudieron avanzar, de la discusión final de la ley en el ámbito legislativo, que tendrá como marco el renovado capítulo educativo de nuestra nueva Constitución, reformada el año pasado, donde se consagra a la educación como un derecho humano fundamental.
Una ley que trascienda en el tiempo
Para Gisel Mahmud, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, recabar la mirada de toda la sociedad es clave “porque la educación nos atraviesa a todos. Por distintas razones, todos estamos interpelados por la educación. Y el primer paso que queremos dar es organizar una mesa de trabajo conjunta, que diseñemos un proceso de participación y escucha para que cuando empecemos a considerar el tratamiento de los proyectos presentados, lo podamos hacer habiendo recabado esas opiniones y contemplando la diversidad territorial, geográfica y social que tiene la provincia”.
Según la legisladora, la sanción de una ley santafesina permitirá algo fundamental: sostener la educación como política de estado con pilares intocables. Hoy las decisiones educativas dependen del gobierno de turno, y si cambia la gestión, pueden cambiar la orientación pedagógica, los programas, las prioridades presupuestarias o las formas de evaluación. En cambio, una ley marcará pautas innegociables: si la norma establece determinadas metas, derechos o niveles mínimos de financiamiento, cumplirlos será una obligación del Estado.
“El derecho a la educación en la provincia existe, se cumple y lo sabemos. Pero, sin ley, dependemos de los tiempos políticos o de los cambios de gestión: no tenemos la posibilidad de tener certezas a largo plazo. Por eso nos parece importante que exista una norma que trascienda en el tiempo y que a lo largo de los años, los ciudadanos puedan tenerla como herramienta. Saber que hay una ley que obliga al Estado a ciertas responsabilidades, a cumplir ciertos derechos y que plantea hacia adelante qué educación queremos tener en el futuro”, declaró Mahmud en Punto Medio (Radio 2).
Para que la creación de la comisión sea un hecho, ahora serán los senadores quienes deberán aprobarla: “Una vez que eso suceda, deberán pensarse las instancias de participación, el plazo, los territorios donde se va a funcionar, si hay audiencias públicas. Organizar ese proceso, recabar las experiencias previas —porque no es la primera vez que se va a intentar— y escuchar para que, cuando la Legislatura discuta las leyes, no lo haga desde los escritorios sino ya habiendo finalizado un proceso de participación y de escucha en toda la provincia”, afirmó.
Qué escuela quiere Santa Fe para los años por venir
Claudia Balagué es diputada provincial y fue ministra de Educación entre 2012 y 2019. Para la bioquímica y docente, “la educación debe ser un sistema y hay que protegerlo, porque es una garantía de igualdad. Si no existe un sistema y pensamos que cada uno educará como pueda, en su casa o según sus posibilidades económicas, eso no será garantía de igualdad. Por eso es indispensable atravesar este proceso de escucha de la manera más participativa y más constructiva posible, para garantizar lo que dice nuestra nueva Constitución, que la educación es un derecho”.
Para Balagué, los proyectos de ley anteriores que no pudieron prosperar también deberían contemplarse como fuentes de consulta : “Ya hubo diálogo con distintos sectores y el producto fue interesante, pese a que no se pudo avanzar hacia la ley. Hay que aggiornarlos, pero no podemos ser fundacionales. Por ejemplo, en uno de los proyectos de ley que trabajamos años atrás, decíamos que ningún presupuesto en educación debería ser menor al del año anterior. Y creo que ese artículo debería sostenerse. La educación tiene mucha historia de Sarmiento para acá. Es un sistema al que hay que preservar y hacerlo sólido, con garantía de igualdad de oportunidades".
Para la legisladora, la educación debe evitar lo que los docentes llaman ‘efecto cuna’: “La educación debe ser un lugar para crecer, para potenciar a los jóvenes y darles reales posibilidades en la vida. Y no permitir que un niño o niña esté determinado por su lugar de origen a seguir en la misma situación, muchas veces de pobreza”.
Tecnología y acceso al mundo del trabajo
Dos puntos que tanto Balagué como Mahmud creen que deberán contemplarse sí o sí en la discusión de la nueva ley son el avance de la tecnología y la preparación de los estudiantes para el mundo del trabajo, al que muchas veces les cuesta acceder por no llegar debidamente preparados.
En ese sentido, Balagué sugirió “fortalecer las prácticas profesionalizantes, que en algún momento se hicieron. Que, de acuerdo a la orientación de la escuela secundaria, los chicos se vayan insertando en la realidad laboral: y no sólo en contenido, sino en otros aspectos que las empresas exigen como un horario que cumplir, una preparación especial, y una responsabilidad. Que sea una práctica más cercana a lo laboral que a lo educativo. Tenemos que ahondar en eso”.
En sintonía, según Mahmud “uno de los signos de época de esta ley deberá ser la ciudadanía digital y la transformación del empleo. Todos los días leemos cómo la IA está pasando por arriba al mundo del trabajo, y nosotros debemos mejorar la conexión entre la educación de los jóvenes y su preparación para los empleos del mañana, no del ayer”.
La escuela para la que fue pensado el sistema educativo actual ya no es la misma, porque la sociedad de este segundo cuarto del siglo XXI no se parece en nada a la de 30 o 40 años atrás. La tecnología, la inteligencia artificial, las nuevas formas de trabajo, los cambios en la relación entre docentes y estudiantes, los problemas de salud mental, la irrupción imparable de las redes sociales son apenas algunas de las tantas variables que le dan carácter de urgente a la sanción de una ley de educación propia. Una deuda que una provincia tan vanguardista como la nuestra en tantos aspectos ya no se puede permitir.