El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación contra empresas petroleras que realizan actividades de exploración de hidrocarburos en las cercanías de las Islas Malvinas sin autorización argentina. A la causa se incorporaron tres sociedades vinculadas a Rockhopper Exploration y una de Navitas Petroleum, que se suman a Desire Petroleum, ya imputada.
Las nuevas firmas son Rockhopper Exploration PLC, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
Además, Stornelli solicitó que se envíen exhortos al Reino Unido y a Israel para obtener información sobre la composición societaria de las compañías y determinar si existen posibles relaciones comerciales con intereses británicos.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno contra las empresas, las sociedades vinculadas y las personas físicas que eventualmente hubieran intervenido en su nombre o beneficio. El expediente tramita ante el Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo.
El fiscal busca determinar si las actividades hidrocarburíferas denunciadas en la plataforma continental próxima a las Malvinas, además de realizarse sin autorización argentina, podrían configurar otros delitos. Entre las hipótesis mencionadas aparecen posibles delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos vinculado con las actividades investigadas.
El requerimiento fiscal sostiene que las conductas denunciadas podrían quedar comprendidas en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes realicen actividades vinculadas con hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin contar con autorización.
La normativa también contempla la posibilidad de responsabilizar penalmente a directores, gerentes, administradores, representantes o personas autorizadas que hayan intervenido en hechos cometidos en nombre, con ayuda o en beneficio de una persona jurídica.
La investigación tiene antecedentes administrativos que se remontan a mayo de 2012, cuando la Secretaría de Energía dictó la Resolución 130 y declaró ilegales las actividades atribuidas a Desire Petroleum en la plataforma continental.
En 2013, mediante la Resolución 457, la compañía fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en el país. La medida tuvo en cuenta que la empresa utilizaba una licencia otorgada por autoridades británicas.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que, pese a esas resoluciones y a los cambios posteriores en la estructura societaria de las empresas involucradas, se habrían continuado utilizando permisos de exploración y explotación otorgados por autoridades británicas para operar en la zona.
En ese marco, Stornelli también planteó que no puede descartarse la eventual existencia de delitos contemplados en la legislación ambiental, infracciones aduaneras o un posible lavado de activos.
La ampliación de la investigación judicial se produce después de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional del 3 de septiembre, cuando anticipó nuevas acciones diplomáticas, económicas, judiciales y legales vinculadas con la cuestión Malvinas y las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en esa zona.
En paralelo, el Reino Unido ratificó su política comercial respecto de las Islas Malvinas y calificó de “inaceptables” las sanciones impulsadas por Argentina contra las empresas vinculadas con esas actividades.