El juez federal Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado José Luis Espert en el marco de una causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. La medida fue adoptada luego de un pedido realizado por el fiscal federal Fernando Domínguez. La audiencia fue fijada para el próximo 30 de junio. En la misma causa también deberá presentarse Mariano Cosentino, contador del exlegislador.
Espert, quien integró las filas de La Libertad Avanza, es investigado por sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, quien fue señalado en una causa vinculada al narcotráfico y recientemente recibió una condena en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de dinero.
Según sostiene la Fiscalía, para otorgar apariencia de legalidad a fondos recibidos de Machado, Espert habría adquirido vehículos de alta gama, entre ellos un BMW y un Lexus, además de realizar pagos a un fideicomiso denominado Dunas. La investigación gira en torno a la relación entre exlegislador y Machado, quien apoyó económicamente la primera candidatura presidencial de Espert en 2019.
Uno de los principales elementos analizados por la Justicia es una transferencia de 200 mil dólares que Machado realizó a favor de Espert en 2020. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, ambos habían firmado un contrato cuyo monto total ascendía a un millón de dólares.
Tras conocerse el caso, Espert explicó públicamente que esos fondos correspondían a un acuerdo de consultoría mediante el cual brindaría asesoramiento a Machado para una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la Fiscalía puso en duda esa versión. Entre los cuestionamientos planteados se encuentra que Espert nunca habría viajado a Guatemala, que las minas vinculadas al supuesto proyecto no estaban operativas y que no existirían pruebas concretas de tareas profesionales realizadas en el marco de ese contrato.
Mientras avanza la investigación y se aguarda la declaración indagatoria, la Justicia mantiene congelados los bienes del exdiputado. La medida le impide vender propiedades y disponer libremente de los fondos depositados en sus cuentas bancarias, salvo aquellos montos expresamente autorizados para cubrir gastos corrientes.