La aprobación en la Cámara Baja abrió una nueva etapa para la política de seguridad de Santa Fe. El paquete de herramientas impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro recibió media sanción y ahora deberá tratarse en el Senado. Para el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el resultado permitirá fortalecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales y mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
“Las leyes que impulsó el Gobierno son la peor noticia para las organizaciones criminales”, sostuvo el funcionario al destacar el alcance de la iniciativa. En diálogo con la prensa, también celebró el avance legislativo: “Para nosotros es un avance, es una herramienta muy positiva”. Según señaló, el texto aprobado conserva buena parte de la propuesta presentada por el Ejecutivo: “El 90 % de lo que planteamos en el proyecto se aprobó”, señaló, ya que en cuestión de semanas el Gobierno logró que la Legislatura apruebe 12 de 13 propuestas enviadas. Y agregó: “El resultado está, tenemos las herramientas y las vamos a utilizar”.
La reforma reúne cambios en el Código Procesal Penal y en otras normas vinculadas con la seguridad pública. Cococcioni la describió como una propuesta con dos objetivos: ampliar la capacidad de actuación del Estado ante el delito y simplificar los procedimientos para que la Justicia pueda concentrarse en los casos más complejos. “Hay dos grandes ramas de las reformas: algunas tienen que ver con ampliar la capacidad de actuación del Estado en política criminal, dotando de más herramientas para la lucha contra el delito, y otras apuntan a simplificar procesos”, explicó.
Allanamientos y procesos judiciales
Entre las disposiciones figuran los allanamientos sin orden judicial previa para supuestos excepcionales de urgencia. La medida requerirá la intervención de un fiscal y, en determinados casos, un juez deberá revisar de oficio su legalidad dentro de las 24 horas. La iniciativa también establece condiciones para precisar la búsqueda de elementos vinculados con un delito.
El paquete incorpora los juicios en rebeldía, que permitirán avanzar con un proceso penal cuando el acusado esté ausente, siempre que se cumplan las condiciones previstas y se resguarde su derecho de defensa. La reforma contempla, además, más participación de víctimas y querellantes en distintas instancias del procedimiento.
Otro cambio es la incorporación del procedimiento monitorio para faltas contravencionales. Este mecanismo permitirá dictar una sentencia sin un debate oral previo, con un plazo de 60 días para que la persona involucrada presente su oposición. También se regulan los testimonios anticipados, como los recibidos mediante Cámara Gesell o los de testigos cuya integridad física esté en riesgo. Vale agregar además que otra de las medidas clave aprobada semanas antes, permite a la la Policía solicitar el IMEI de los celulares para comprobar su origen. La acción busca combatir el robo y la comercialización ilegal de dispositivos.
Aislamiento y supresión de visitas
La reforma mantiene un régimen penitenciario agravado para internos que representen una amenaza grave para la seguridad pública. Incluye condiciones especiales de detención, como el aislamiento individual y la suspensión de visitas, con revisión judicial. Cococcioni destacó ese punto al referirse a presos de alto perfil que, aun detenidos, continúan cometiendo delitos. “Incluye aislamiento pleno y supresión de las visitas”, resumió.
También se disponen facultades para intervenir inmuebles vinculados con actividades ilícitas, así como cambios en el sistema de inteligencia preventiva y en el régimen provincial de recompensas.
Para el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, la combinación de herramientas operativas y procesales puede contribuir a que el Estado actúe con mayor eficacia y a que los tribunales resuelvan con más rapidez. “Muchas cuestiones tienen que ver con más herramientas para luchar contra el delito y, al mismo tiempo, con tener un Estado más eficiente que resuelva rápidamente conflictos menores y se concentre en casos importantes”, sostuvo.
La media sanción constituye un paso legislativo dentro de la segunda etapa de la estrategia provincial para reducir la violencia criminal en Rosario y en el resto de Santa Fe. Cococcioni afirmó que el Gobierno se prepara para aplicar las modificaciones que apruebe la Legislatura. “Tendremos más herramientas para combatir el delito”, dijo. Ahora, el proyecto deberá completar su trámite en el Senado para convertirse en ley.