A pocos días del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, el conflicto aceitero parece haber ingresado en una etapa donde la discusión salarial quedó desplazada por un debate de naturaleza política.
El próximo martes será la última audiencia convocada por la autoridad laboral y, si no existe un acercamiento entre las partes, los sindicatos anticipan un paro por tiempo indeterminado que podría volver a paralizar uno de los complejos exportadores más importantes del país.
La coincidencia con la visita del presidente Javier Milei a Rosario por el Día de la Bandera volvió a poner el foco sobre una disputa que, según las propias declaraciones de sus protagonistas, excede ampliamente una negociación paritaria.
La posición más dura la marca Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, quien en una reciente entrevista sostuvo que "tenemos que tratar de que nos unamos todos los frentes, todas las centrales y salir a pelear contra este gobierno, pero con un plan de lucha” y agregó “un paro de vez en cuando a este gobierno no le hace absolutamente nada".
Yofra también reconoció que "los trabajadores aceiteros no están mal como está el resto del país", al tiempo que sostuvo que cerca del 90% de los trabajadores registrados argentinos perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. A su vez, en cada declaración pública, explica que su organización participa activamente del Frente de Sindicatos Unidos, integrado por más de 140 organizaciones gremiales y sociales, tiene como objetivo construir un espacio de lucha coordinado frente al Gobierno nacional. Incluso, meses atrás había sido todavía más explícito al reclamar que "hay que enfrentar a este gobierno con paro y movilizaciones, no hay otra", cuestionando a la CGT por no impulsar una estrategia más confrontativa.
Del otro lado del cordón industrial, Daniel Succi, secretario general del SOEA, intenta mostrar un perfil más moderado. Tras la frustrada audiencia paritaria aseguró que "no me interesa entrar en el Guinness por hacer 20 o 25 días de paro" y sostuvo que las decisiones gremiales se toman "siempre con criterio". Sin embargo, ratificó el reclamo de un incremento del 20% y dejó abierta la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza una vez concluida la conciliación obligatoria.
En medio del debate, y atendiendo a que este paro por tiempo indeterminado anunciado por los sindicatos aceiteros afectará no sólo a las empresas agroexportadoras sino también a los productores, acopiadores, camioneros y a todos los que se vinculan con el agro, algunos recordaron que durante la histórica sequía que afectó al país entre 2020 y 2023, el sector atravesó una huelga de veinte días pese a la fuerte caída de actividad que sufría toda la cadena productiva. Para numerosos actores del cordón industrial, aquello evidenció que la lógica del conflicto no siempre responde exclusivamente a variables económicas.
En ese contexto también resurgieron cuestionamientos sobre la creciente participación política de algunas estructuras gremiales. Durante las elecciones municipales de Puerto General San Martín, en donde se denunció públicamente que la conducción del SOEA había respaldado política y logísticamente a sectores opositores al gobierno local, reabriendo la discusión sobre el involucramiento partidario de los sindicatos.
Mientras tanto, desde el sector empresario también realizaron una lectura diferente sobre la negociación. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera, Gustavo Idígoras sostuvo en declaraciones a Radio2 que "hoy no vemos un objetivo real en materia salarial" y afirmó que "cada vez que publique el INDEC vamos a actualizar los salarios con lo que aseguramos que no haya pérdida de poder adquisitivo".
En la misma línea aseguró que "estamos convencidos de que acá se dejó de lado el debate salarial" y vinculó la estrategia sindical con "un debate relacionado a cómo liderar un nuevo movimiento sindical en la Argentina".
Con la conciliación obligatoria llegando a su fin, el interrogante que sobrevuela en el cordón industrial gran Rosario es si el paro que amenaza con detener una actividad estratégica para el ingreso de divisas responde exclusivamente a una recomposición salarial o si forma parte de una estrategia de posicionamiento político de las conducciones sindicales frente al actual Gobierno.