El debate por la reforma de la ley de Tierras volvió a instalar en la agenda la discusión sobre la propiedad de las extensiones rurales en Argentina. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo propone modificar la ley 26.737, sancionada en 2011, que regula la titularidad de campos por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras mediante un sistema de límites y controles.
Entre otros cambios, la iniciativa deroga varios de los artículos centrales de la norma vigente y modifica distintos aspectos del régimen actual, con el argumento oficial de eliminar restricciones para favorecer las inversiones.
Mientras el proyecto espera su tratamiento en el Senado, los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales permiten observar cómo está distribuida actualmente la propiedad extranjera sobre las tierras rurales del país.
Dónde se concentran las tierras en manos extranjeras
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, los mayores porcentajes de extranjerización se registran en departamentos de Salta, La Rioja, Neuquén, Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Chubut y Santa Fe*.
Entre los casos más relevantes aparecen San Carlos (Salta), con el 59,82% de su superficie rural en manos extranjeras; Molinos (Salta), con el 57,79%; General Lamadrid (La Rioja), con el 56,70%; y Lácar (Neuquén), con el 54,17%. También figuran Campana (Buenos Aires), Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), Tinogasta (Catamarca), Magallanes (Santa Cruz), Iglesia (San Juan), Cushamen (Chubut) y Garay (Santa Fe).
El mapa elaborado por el Observatorio de Tierras, a partir de información oficial y otras fuentes públicas, permite visualizar la distribución territorial de la propiedad extranjera sobre tierras rurales y localizar los departamentos con mayores porcentajes de extranjerización.
*Aclaración: La Ley 26.737 establece que la titularidad extranjera de tierras rurales no puede superar el 15% a nivel nacional, provincial y municipal. Sin embargo, la información pública consultada del Registro Nacional de Tierras Rurales presenta los datos desagregados por departamento y no por municipio. En consecuencia, los porcentajes publicados permiten conocer el nivel de extranjerización de cada departamento, pero no permiten determinar si algún municipio supera el límite del 15% previsto por la ley.
Qué pasa en Santa Fe
De acuerdo con el Registro Nacional de Tierras Rurales, en Santa Fe el 4,94% de la superficie rural provincial está en manos extranjeras. En términos absolutos, representa 670.174 hectáreas sobre un total de 13,57 millones de hectáreas rurales.
La situación, sin embargo, no es uniforme en toda la provincia. El departamento Garay registra el mayor porcentaje de extranjerización, con el 15,73% de su superficie rural en manos extranjeras, equivalente a 61.629 hectáreas. Le siguen General López (3,50%), San Javier (3,10%), 9 de Julio (2,47%) y Vera (1,28%), mientras que en General Obligado la superficie registrada a nombre de titulares extranjeros es prácticamente nula.
Garay también es el único departamento santafesino que aparece en el listado nacional de jurisdicciones con mayor porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras.
Un informe elaborado por el Observatorio de Tierras agrega que, dentro de la superficie extranjerizada registrada en Garay, predominan capitales estadounidenses, que representan el 94% del total correspondiente a ese departamento.
Qué se propone cambiar la Ley de Tierras
La Ley 26.737 establece actualmente un régimen de control sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, con límites porcentuales de titularidad a nivel nacional, provincial y municipal, además de otras restricciones contempladas en la norma.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone modificar ese esquema mediante la derogación de varios artículos de la ley vigente y la eliminación de parte de esas limitaciones. En los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno sostiene que estos cambios buscan remover obstáculos para la inversión y fortalecer el derecho de propiedad.
La propuesta aún debe ser debatida por el Senado, donde su tratamiento continúa pendiente.