Una mujer de Rosario denunció que fue desalojada por la fuerza de la vivienda que habitó durante dos décadas tras el fallecimiento de su pareja y reclama ante la Justicia poder regresar junto a su hija menor de edad. Según su testimonio, los hijos de un matrimonio anterior del hombre la agredieron físicamente y le impidieron volver a ingresar al inmueble, ubicado en Pedro Lino Funes al 3100.

El conflicto comenzó tras la muerte de Héctor, ocurrida el pasado 30 de marzo. Aunque no estaban legalmente casados, Diana Moreno compartió con él más de 20 años de convivencia y tuvieron dos hijos en común, entre ellos Abril, de 11 años.

“Cuando mi marido fallece vinieron sus hijos a la casa, nos golpearon a mi nena y a mí y nos echaron. Nos fuimos sin ropa, prácticamente con lo que teníamos puesto”, relató Diana este jueves en diálogo con el móvil de De 12 a 14 (El Tres) desde Tribunales.

Una agresión y siete meses sin respuestas

 

De acuerdo con el relato de la denunciante, el episodio que derivó en su exclusión ocurrió en abril, cuando los hijos mayores de Héctor llegaron a la propiedad acompañados por su madre. “Nos agredieron verbalmente, nos empezaron a pegar y nos cerraron la puerta con llave para que no salgamos. En ese momento llegó mi hijo Matías, abrió la puerta y salimos a pedir ayuda a un vecino para que llame a la Policía”, recordó.

A partir del 19 de abril, Diana inició un recorrido judicial que ya lleva siete meses. Radicó denuncias en la comisaría 19ª, en el Centro Territorial de Denuncias y ante organismos de Niñez, donde un médico policial constató las lesiones sufridas por la menor.

Sin embargo, el expediente aún no tuvo una definición concreta. Según explicó la mujer, en la Defensoría Nº 5 le informaron que aguardan un informe interdisciplinario para elevarlo a la jueza interviniente, Liliana García, y resolver el reintegro al domicilio.

El reclamo por la vivienda y la escolaridad de su hija

 

La propiedad en disputa es un inmueble de amplias dimensiones donde funcionaban tanto el hogar familiar como el sustento económico de la pareja: Héctor tenía allí su panadería y Diana atendía un comercio de artículos de limpieza. En la planta baja cuenta con cocina y comedor, mientras que en la parte superior dispone de cuatro departamentos.

Pese a que su domicilio legal figura en el DNI con esa dirección y a que el Código Civil contempla el derecho real de habitación para el conviviente supérstite, la mujer asegura que uno de los hijos de su pareja —identificado como Franco— se instaló en el lugar junto a su propia familia y se opone a su regreso.

“Yo entiendo que sus hijos tienen derecho y que son herederos, pero mi hija también es heredera y tiene su lugar ahí, donde nació y se crió con su papá”, sostuvo Diana, quien remarcó que todas sus pertenencias y las de la niña quedaron encerradas en una habitación.

El desarraigo impactó de lleno en la rutina de Abril. La niña perdió dos meses de clases tras el conflicto y actualmente debe viajar una hora en colectivo para asistir a su escuela, ubicada a apenas tres cuadras de la casa de la que fue expulsada.

“Lo único que quiero es volver a mi casa, por el tiempo legal que me corresponda y por la crianza de mi hija. Le pido a la jueza que se ponga una mano en el corazón y ordene el reintegro”, concluyó.